Seguramente usted ha jugado alguna vez algo en la vida con otra persona: canicas, futbol, cartas, lo que sea. Lo primero que se hace es ponerse de acuerdo en las reglas. Quien no las cumple, o sale del juego o es penalizado. Así de fácil.
Con los tratados comerciales es igual y lo que pasa en el reciente desencuentro de nuestro gobierno con Estados Unidos es que el gobierno mexicano ha cambiado leyes, normas, ha establecido políticas o realizado acciones que van en contra de las reglas generales del juego.
El presidente y su equipo alegan que el capítulo octavo del T-MEC le permite a México hacer lo que quiera en el sector energético. Ese capítulo sólo dice que el petróleo en el subsuelo es de la Nación y México se reserva le derecho de modificar su Constitución o las leyes al respecto.
El problema es que esto nada tiene que ver con lo que reclama Estados Unidos.
Y para ponerlo en claro ¿qué reclama?
Reclama que se han violado el capítulo 14, de inversión, y el 21 de reglas de competencia. Y lo que dice Estados Unidos es que México los ha violado en al menos cuatro acciones: primero, modificar la Ley de la Industria Eléctrica para dar preferencia a una empresa. Eso de hecho lo declaró el presidente. Esa es una violación al trato equitativo a todas las empresas.
El segundo acto es tener detenidas inversiones de privados que cumplen con la ley, mediante bloqueos, falta de respuesta y otras. Aquí hay tanto centrales eléctricas renovables como terminales de almacenamiento de hidrocarburos, por ejemplo.
El tercer acto es permitir a PEMEX y sólo a PEMEX ofrecer en el mercado diesel alto en azufre, cuando a todos los demás los obliga a ofrecer diesel ultra bajo en azufre. Este también se podría considerar violatoria del capitulo 24 del T-MEC, de protección al medio ambiente. Al hacer esto, le da una ventaja competitiva indebida a PEMEX.
El cuarto acto es haber girado instrucciones de política de transporte de gas, para que sólo CFE y PEMEX puedan importar el gas natural hacia México.
Como podemos ver, nada de esto trastoca o se mete con la propiedad de los hidrocarburos en el subsuelo, que es lo que protege el capítulo 8.
Entonces las declaraciones alrededor de ese capítulo, son absurdas y fuera de lugar. Parecen más bien parte de una campaña política que una razón jurídica.
A partir de la presentación de la consulta, ambos países tienen 75 días para llegar a un arreglo o el tema se iría a un panel en el que representantes de los tres países tomarían una decisión.
¿Qué puede pasar?
Que el gobierno mexicano derogue todo lo que ha hecho en contra del tratado y que lleve a cabo acciones para corregir lo indebido.
En caso de no hacerlo, los otros Estados participantes del acuerdo podrán imponer castigos al país, como aranceles o multas. Imagine entonces que un producto mexicano tenga que pagar un arancel para poder ser vendido en los Estados Unidos. Al tener que competir con los productos locales, tendrá la desventaja de un precio más alto. Y entonces, puede prever una baja en las exportaciones de los productos mexicanos. El que quiera. Eso significa caída de empleo, de ganancias o de calidad del propio empleo.
Algo peor es que como producto del desacuerdo, en 2025 no se ratifique el acuerdo. Eso generaría una terrible crisis en México, al perderse todos los empleos que el tratado y sus condiciones han generado, tanto de forma directa como indirecta.
Pero tampoco podemos decirnos sorprendidos. Las advertencias de especialistas en el tema, desde el inicio de estos actos y sus antecedentes fue que las acciones del gobierno eran contrarias a los tratados comerciales de México, pues casi todos los tratados suelen tener reglas como las arriba descritas.
Finalmente, el problema es que estas acciones no han beneficiado a nadie. PEMEX y CFE tiene perdidas históricas año con año desde 2019; los costos de energéticos suben, se tiene una dependencia mayor de gas texano, no hay más empleo. Y además, violamos las reglas del juego y nos peleamos con los socios.
Como dice la canción ¿Y todo para qué?
