Los eventos de la semana pasada en Jalisco, Guanajuato, Chihuahua, Baja California, Michoacán y Estado de México han estimulado una serie de interpretaciones que pugnan por encontrarles sentido. En común suponen la coordinación siguiendo un plan maestro por alguna organización con capacidad de fuego y movilización. Por un lado, están los que sostienen es una operación encubierta del gobierno federal para incorporar a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa. Por el otro, hay quiénes lo achacan a una alianza de “carteles del narco” en reacción a cambios en la estrategia del gobierno federal y fuerzas armadas contra sus intereses. A la presteza con que se emitieron siguió la crítica que las condenó como “sociología espontánea”, “teorías de la conspiración”, “narrativas precocidas”, y paparruchadas. En sí, no explican suficiente y satisfactoriamente la secuencia de eventos, porque fueron pensadas como respuestas de botepronto ante la urgencia de las audiencias por saber qué pasó durante la semana de incendios, asesinatos, destrucción y, también, “terror”.
Como la mayoría, que ha ido leyendo esa cascada de notas, concuerdo que a la sorpresa y desconcierto siguen la duda y escepticismo pues es muy difícil lanzar asaltos de esa calaña. Los números de efectivos necesarios pueden ser bajos no así la calidad de los recursos humanos en logística y la delegación de funciones para que operen sin fugas de información o contradicciones y fallas. Lo que va pareciendo más plausible es que frente a la débil reacción de las fuerzas estatales y federales al primer par de acciones (Jalisco y Guanajuato) de parte de una organización criminal reconocida, otras hayan replicado comprobando no habría respuesta decidida, extendiendo e intensificando la provocación. La peor incursión fue en Ciudad Juárez (Chihuahua) por la pérdida de vidas humanas. Nadie duda las víctimas eran “civiles” o “vecinos” antes que conscriptos del crimen. Posteriormente los excesos declarativos de autoridades municipales y estatales primero, federales después, tendrían una función distractora. Determinar cuál es la autoridad más incompetente, indolente, e incapaz es parte del sensacionalismo. Empero, en las interpretaciones hasta ahora vertidas va sedimentándose el riesgo de confundir todo en una fórmula de equivalencias como “terrorismo”.
Claramente las acciones en Jalisco, Guanajuato, Ciudad Juárez, y Baja California infundieron terror entre la población. De ahí los encabezados alusivos a acciones terroristas. Ahora bien, hay un trecho antes de endilgarles ese estatus a las organizaciones criminales que echaron mano de ellas. Más que interesarme en revisar la literatura histórica y política sobre qué grupos pueden ser considerados como terroristas, cumpliendo con los criterios necesarios de organización interna, motivaciones, acciones de propaganda y fines últimos, quiero ponderar las consecuencias de tal designación. En sí, el empleo de una herramienta o táctica terrorista no le confiere ese estatus al grupo que la usó, pero otorgársela por una afectación de juicio sí tiene consecuencias. Pensemos en la durabilidad y efectos que ha tenido identificar a organizaciones y grupos criminales como “cárteles” sin bases para ello. Originado en la chabacana prensa estadounidense para sobresimplificar lo que ocurría en la cuenca del Caribe durante el boom de la cocaína de finales del siglo veinte, tal designación fue un regalo y guiño a muy diferenciados grupos y organizaciones que lo aceptaron gustosos. “Cártel” les confería un aura de legitimidad y capacidad, les permitía presentarse a sí mismos y ante las sociedades en que operan como algo que nunca serán. No es mezquindad retórica si uno revisa cuándo en economía y finanzas hay las condiciones para hablar de cárteles. Nada de eso importó, como tampoco que investigadores como Luis Astorga insista una y otra vez en asaces publicaciones que es un yerro con efectos conocidos, se haya publicado un Best-Seller por Oswaldo Zavala cuyo título reza explícitamente LOS CÁRTELES NO EXISTEN, en que explica por qué no lo son y qué encubren, o que hablar en términos de cárteles delate estamos en una situación de descarado cachondeo mental. El efecto es apapachar a las organizaciones a las que se les concedió capacidad, legitimidad, y autonomía como un buen gesto, naturalizándolas en el inconsciente colectivo. La CIA tenía sus razones que hicimos nuestras al hacerles eco.
Sendo riesgo existe al equiparar a grupos criminales con las organizaciones tipo “la mano negra” de la primera mitad del siglo veinte, las romantizadas versiones del Ejército Republicano Irlandés (ERI o IRA), así como las temibles imágenes que circulan en prensa, cine y ficción, además de estudios históricos y propaganda de distintos regímenes, sobre las más emblemáticas de “cercano y medio oriente” como Septiembre Negro o cualquiera contemporánea que se quiera usar para espantarnos antes de dormir. Otras de atroz trayectoria como los “Tigres [y tigresas] tamiles” del sur de Asia nos son más lejanas, así rompan tanto récords de acciones como reten a las fronteras de lo pensable. Quizás el ejemplo más cercano está en El Perú dónde a la organización política “[Bandera Roja/Partido Comunista del Perú]: Por el Sendero Luminoso de José Carlos Mariátegui” se le clasificó como terrorista delimitando los términos para enfrentarla, acotándola y reduciéndola, hasta buscar su exterminio por parte de la marina de guerra peruana, otras fuerzas armadas y milicias auxiliares conocidas como “rondas”. No es menester debatir si “Sendero” cumplía con los criterios de sociología histórica comparada, porque la población lo aceptó y hasta les endilgó el mote de “terrucos”. No sólo a militantes sino a muchas personas que han mantenido su pertenencia a organizaciones identificadas con el comunismo, la izquierda y hasta la progresía. Entre ellos el actual presidente Pedro Castillo. No es unánime el significado de “terruco” dependiendo del emisor por demarcaciones territoriales y de clase, etnicidad y agrupación política, sí que en todos el reconocer a alguien como tal implica su condición de enemigo no sólo del estado peruano sino de la humanidad entera. Estamos aún a tiempo de rechazar el exceso.
Ricardo F. Macip | A contramano
