De “la mañanera”, que es como se conoce a la extraña mezcla de conferencia de prensa, homilía, y carpa hay poco que agregar. Es un inacabado pastiche que puede evitar verse u oírse, pero no ignorarse por sus efectos. Independientemente de cómo nos ubiquemos respecto a la palabra presidencial, provoca distintos sujetos definidos respecto a él como supuesto amo del discurso. En un extremo están los que defenderán lo que se diga haya dicho, así no les conste, tenga o no atisbos de veracidad, mientras que al otro quienes por consigna descalificarán, devaluarán, y desacreditarán cuanto pueda decir aún antes de terminar de pronunciarlo. Sin haber un centro neutral sí podemos saber hay varios grupos que reaccionan dependiendo de qué tema se trate, cómo se haya dicho, y en reacción a quiénes esté emitiendo sus opiniones. Hay pues espacio de ponderación que sin ser estable se ensancha o encoje. Y de acuerdo con ese vaivén es que hemos de participar en la cháchara, cotilleo, chacota, o cómo se quiera llamar al eco que hacemos de sus invectivas. Así es que llegamos al irigote, que es la mejor forma de definir lo que armó la comisión de la verdad del caso Ayotzinapa sobre la desaparición forzada de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos.
La desaparición y presumible muerte violenta de los 43 estudiantes definió perfiles generacionales de mercadeo político. No solamente de los que eran lo suficientemente jóvenes en 2014 para que fuese la primera masacre de la que tuviesen noticia ya con la capacidad de indignación moral e intelectual. También grupos mayores—que habían sido omisos o refractarios a las de Acteal (Chiapas en 1997) y Aguas Blancas (Guerrero en 1995), por no hablar de San Fernando (Tamaulipas en 2010) o los 35 cadáveres “sembrados” en Boca del Río (Veracruz en 2011), así como otras tantas subsumidas en la “narco-esfera” o formas de violencia consuetudinaria—fueron interpelados por la exhibición de crueldad, descaro del contubernio entre grupos criminales y autoridades locales, así como la indolencia de instancias superiores de gobierno y poder judicial. Los meses que siguieron a ese 26 de septiembre hubo una intensa movilización tanto en derredor de los padres de los estudiantes como contra la administración Peña Nieto. Al acompañamiento y empatía por los primeros se multiplicaban los reclamos contra la segunda por la displicencia con que actuaron, misma que fue utilizada por sus adversarios políticos. La jaculatoria “Fue el Estado” sintetizó lo mucho que se desconocía del caso así como de teoría social y política, pero que no importaba dado el repudio que causó el manejo de la investigación y lo que se presentó como verdad histórica por el entonces procurador Murillo Karam.
Esa verdad histórica tuvo como principal detractor al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). Pocos de los que se tomaron el tiempo de seguir las noticias y leer las fuentes secundarias de la argumentación jurídica oficial se atrevían a apoyarla públicamente. Los más esperaban que el GIEI aportase interpretaciones críticas bien fundamentadas y contundentes para derruirla. No porque se supiese algo más que lo que confrontaban, ni porque campeasen aún los “otros datos” como realidades alternativas. Simplemente, parecían insuficientes las pruebas presentadas y tibio el actuar del aparato represor del Estado contra los criminales. De ahí que la promesa de campaña para el 2018 de esclarecer el caso afectase no sólo a los deudos de los estudiantes secuestrados, torturados, y asesinados antes de ser desaparecidos.
Ahora bien, la investigación que la comisión de la verdad del caso ha presentado es una burla. Lo es porque lejos aclarar los hechos y perseguir a los responsables—sin reducir esa categoría a los autores materiales—se ha concentrado en el sesgo político detrás del control de daños por parte de la sociedad política respecto a los actores regionales. Ciertamente desde 2014 se señalaba el trato laxo a las instituciones y responsables del contubernio en el municipio de Iguala entre policías, grupo criminal, y autoridad electa. No eran todos asesinos, pero sí una facción de ellos “unida” la que lo regenteaba como “señores de horca y cuchillo”. El fiscal guerrerense había solicitado infructuosamente la intervención federal, como también que la corriente política a la que pertenecía el alcalde de Iguala se desentendió antes que aclarar complicidades. Tampoco se investigaron las ligas conocidas entre el liderazgo normalista que mandó a los estudiantes de nuevo ingreso al matadero. De la comisión de la verdad se esperaba eso, porque como su nombre lo indica es parte de los modelos de “justicia transicional” y de su deseable probidad dependerían las condiciones para la “reconciliación”.
Nada de eso es posible porque se concentró en ofrecer el barato entretenimiento que da el exhibir la aprehensión del exprocurador Murillo Karam, acusado de delitos que no pueden ser probados. Si fue omiso o encubrió debe ser indiciado como tal, pero no responsabilizársele de la desaparición forzada. En sí, entendemos que su detención carece de peso porque lo único con que se cuenta es la cantaleta que fue un “crimen de Estado”, así como la palabra presidencial lamentando que el ahora enchiquerado “mintió al pueblo”. Al ser un simulacro es que no habrá forclusión para los padres de los estudiantes como tampoco reconciliación entre la sociedad. La relevancia del irigote, acaso, es que exhibe el agotamiento de la capacidad para administrar esperanzas por parte del presidente López Obrador. No es tan fácil ponderar qué tanto esperaban de él los padres de los estudiantes y los grupos que interesadamente los han acompañado. Sí respecto a sectores más amplios de la sociedad. Entre ellos quienes desde entonces mudaron de dientes políticos y aquellos que ya curtidos hicieron de Ayotzinapa su Tlateloco, con más de un fin confesable.
