Uno de los propósitos del Derecho es estructurar normas o reglas que apoyen a las personas que viven en una colectividad a regular sus conductas de manera respetuosa y responsable para con los demás y para con ellos mismos. De ahí que los estudiosos del Derecho estructuran de manera imaginaria escenarios posibles que eviten conflictos o los resuelvan de manera fácil, estableciendo reglas claras y sencillas con base en determinar los valores y principios que se aplican con mayo peso, según las circunstancias específicas de cada sociedad, tomando en cuenta la experiencia jurídica, producto del diario vivir.
El gran valor de los Derechos Humanos radica en poner en el centro de todas las decisiones al mismo ser humano, quien es el inicio y fin de todo. Es por esa razón que nuestra Constitución Federal establece en su artículo primero que todas las personas gozamos de los derechos humanos reconocidos por la propia Constitución como por los Tratados Internacionales de los que México sea parte, interpretándose éstos de la manera en que se favorezca a la persona la protección más amplia, considerando los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
Así, la grandeza de un Estado, que es una persona jurídica que se encarga de administrar a la Nación, radica en poner como centro de su atención a cada uno de sus habitantes, para proveerlos de una vida agradable y feliz. En tal virtud, las leyes que genera un Estado deben ser pensadas en facilitar, favorecer y evitar a sus ciudadanos de los hechos que puedan posiblemente generar conflictivos que nazcan en el diario acontecer.
Esta visión no es nueva, múltiples estudiosos de la filosofía y del derecho, lo han analizado de diversas maneras, como Luis Recaséns Siches, quien consagró el concepto de “vida humana objetivada”. Y en ese tenor, debemos observar que nuestro Estado funciona a través de una distribución del poder y de su ejercicio de forma tripartita, principalmente, distribuyéndola en Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, pero todos se encuentran en un mismo plano, sólo se distribuyen las funciones, ya que todos deben de coordinarse para un sano equilibrio o armonización de pesos y contrapesos, pero con un propósito único, mantener el respeto a las normas constitucionales.
En el caso particular de nuestro Estado, Puebla, la visión del Titular del Poder Ejecutivo es muy clara, ya que busca generar, en consenso con los otros poderes, de leyes que proporcionen reglas claras y eficientes que permitan a la sociedad gozar de mejores servicios públicos; de tal manera que ha enviado al Congreso del Estado de propuestas para reformar al Poder Judicial y mejorar el servicio de la función notarial.
El primer movimiento, una reforma constitucional, con el visto bueno del Poder Judicial, pretende proveer de un mejor servicio de administración de justicia, derecho humano esencial en el contexto constitucional. El segundo, dotar de un acercamiento del servicio notarial a la sociedad, otro derecho. Ambos, bajo la visión de mejorar la profesionalización del servicio. Por supuesto, habrá que ser sometido a su análisis para obtener todas las mejoras para que la sociedad reciba el servicio público más humano, pues, al final, lo más trascendente es proveer de servicios más cálidos y generosos porque todos debemos tener plena consciencia de que el fin último del Estado es el ciudadano, si, usted, a quien nos debemos todos.
Es buena política la de generar leyes y un gobierno producto de la experiencia que sean cercanas a la gente, ya que se trata de proveerles de una mejor calidad de vida a todos los que habitamos Puebla.
