Para garantizar un acceso eficaz a la justicia, es necesario que el nuevo Código de Procedimientos Civiles y Familiares esté acompañado de presupuesto, de una buena ruta para instrumentarlo, así como de normas que establezcan el tiempo de su aplicación y que sea supervisado por una comisión.
Para ello el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (GPPRI) ha organizado foros en distintos estados de la República Mexicana como en Durango, el Estado de México, Guerrero, se realizará uno en Jalisco y el próximo viernes en Puebla, para escuchar de viva voz las opiniones de la academia, barras de abogados y la sociedad civil, que nos permita construir un nuevo andamiaje jurídico que atienda todas las necesidades de los mexicanos.
Cabe recordar que hay un mandato en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para elaborar un nuevo Código Civil y Familiar que tiene que ver con los problemas que enfrentan las personas todos los días.
En 2017 una modificación a la Constitución obligó a tener un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares; es decir, una norma adjetiva para todo el país.
En el Senado hay una iniciativa que está sirviendo de base para estos trabajos, la cual salió de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (Conatrib), de los magistrados y jueces.
El nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares marcará un antes y un después en el derecho mexicano, en el tema jurista civil y familiar, con una nueva era en la administración y normas.
Este Código es una prioridad para todos los diputados priistas que tienen el compromiso de reunir las ideas, voces y posturas de los involucrados en el tema.
La importancia del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares radica en la importancia de la armonización única del país procesal.
Entre los temas que se atenderán con este nuevo Código tienen que ver con los aspectos de tutela de menores, pensión alimenticia, divorcios, la compra y venta de inmuebles y todos los aspectos con el día a día de las personas.
Es importante que la visión y experiencia de los operadores del derecho quede plasmada, no solo en la memoria histórica, sino en el nuevo Código, por la trascendencia y gran impacto que generará en la impartición de justicia en todo el país.
La consumación del código permitirá que después se lleve a cabo la homologación y armonización de los códigos sustantivos en las leyes orgánicas de los tribunales.
Asimismo, si queremos más justicia, más pronta, expedita y de mejor calidad, tenemos que invertir en los tribunales.
La suma del presupuesto de todos los tribunales del país es de aproximadamente 48 mil millones de pesos, mientras la Suprema Corte tiene asignados 73 mil millones de pesos.
Es importante destinarles mayores recursos a los tribunales del país, ya que están encargados de resolver tres millones y medio de juicios y la Corte poco más de un millón.
Un código que se discute no solo tiene que salir desde la Cámara de Diputados, sino tiene que escuchar a muchos actores.
El objetivo es tener un código con cinco características: Que sea de consenso; con horizonte de tiempo; de avanzada, que respete la singularidad de todos.
Debemos de garantizar la impartición de justicia inmediata y que esté a la altura del artículo primero de la Constitución, es decir, el respeto a los derechos humanos de los mexicanos.
vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados*
