Una jueza federal frenó, de forma indefinida, la transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). A su vez, ordenó devolver su control a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
Esta suspensión definitiva fue dada por Karla María Macías Lovera, jueza Noveno de Distrito con residencia en el estado de Guanajuato, a Ángel Castro Gómez, el cual representa a la organización Uniendo Caminos México.
La organización aseguró que si la Guardia Nacional pasa a la Sedena podría incrementar el peligro para el libre ejercicio de actividades dirigidas a proteger los derechos humanos, debido a que su incorporación podría causar un efecto inhibidor y amedrentador de libertades sociales como la libre manifestación de ideas, expresión y reunión.
Cabe recordar que la seguridad pública no es de carácter militar, sino que es una función del Estado de naturaleza civil a cargo de la Federación, los estados y los municipios, tal y como lo marca el artículo 21 de la Constitución mexicana.
La jueza aclaró que la suspensión definitiva debe darse con base a jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y precedentes de la Corte Interamericana.
“Esta suspensión no causa perjuicio al interés social ni al orden público, porque no se obstaculizan las funciones de la Guardia Nacional para llevar a cabo la función de seguridad pública, pues sólo continuará bajo el mando civil, tal como establece la Constitución”.
