En los días recientes se dio a conocer que México pasó del lugar 8 al 63 en el ranking de sitios para invertir en energías renovables. Una caída de 55 lugares.
¿A qué se debe?
México tiene un gran potencial en materia eólica, solar, geotérmica, que nos debería tener entre los primeros sitios, como estábamos aún en 2018. Tan sólo el Istmo en Oaxaca podría multiplicar su capacidad instalada varias veces o entidades como Tamaulipas podría instalar casi 9 veces lo instalado hasta ahora. Estas entidades son las dos con mayor capacidad eólica instalada y mayor potencial aprovechable.
De solar ni hablamos, prácticamente todo el país tiene una irradiación ideal para instalar paneles fotovoltaicos de forma comercialmente exitosa.
Si bien hay limitaciones por la falta de líneas de transmisión, existen los mecanismos para fortalecer la infraestructura, además de que el Estado tiene recursos para ello.
La falta de atractivo no se debe entonces a falta de recurso natural ni de condiciones de infraestructura, sino que la falta de certeza jurídica es el mayor factor que lleva a la caída en el ranking mundial.
La cosa es sencilla: en México en este momento es prácticamente imposible emprender un proyecto de energía limpia a gran escala, porque desde el regulador y el gobierno tienes trabas garantizadas para que los proyectos no caminen. A menos, claro, que sea un proyecto promovido desde el gobierno. Ahí tienes certeza de que aunque tu proyecto no tenga lógica técnica, financiera ni jurídica, caminará.
En otras palabras, la técnica sometida a la política. El interés general sometido a intereses particulares.
Estas condiciones de no respeto al Estado de Derecho son, sin duda, un incremento de riesgos para quien invierte. El problema es que si quien invierte es el Estado Mexicano, el riesgo y las pérdidas son para nosotros, los contribuyentes.
Ahora, para tener claridad de las diferencias entre la inversión pública e inversión privada, vale la pena ver números recientes, las inversiones y en qué infraestructura se convierten.
Por ejemplo, de 2015 a 2017 se comprometieron alrededor de 9,000 MDD que se traducen en 7,500 megawatts de capacidad de generación de energía. Esa energía se entregaba a un costo de entre 20 y 45 dólares por cada megawatt-hora. Ese costos se puede mover de acuerdo a la inflación y al riesgo cambiario, pero no depende de combustibles, pues no los usan.
La ventaja es que esa inversión vino del extranjero, de privados nacionales o incluso se apalancaron con fondos financieros nacionales, que cobrarán intereses por prestar, con lo que el Estado Mexicano no distrae recursos públicos, en su caso gana dinero, pero lo que no invierte aquí lo puede usar en salud, seguridad o educación.
Pero no sólo eso sino que al darse la inversión en competencia, las empresas que se involucraron debieron de disminuir sus costos lo más posible para ofrecer energía al costo más bajo posible al comprador, que era CFE, que a su vez nos revende esa energía.
Actualmente, las inversiones que salen desde el Estado en este sexenio son por 3,474 MDD para un poco menos de 4,000 MW. Estas centrales fueron adjudicadas de forma directa, por lo que no tenemos certeza de los que costos sean los más eficientes. Pero por si fuera poco, estas centrales construidas de forma poco clara desde el Estado, no ofrecen energía limpia al sector eléctrico. Es probable que buena parte de estas centrales eléctricas sean necesarias para aportar lo que técnicamente se conoce como “inercia” al sistema, pero no sabemos si había mejores opciones, más económicas e incluso tecnológicamente más eficientes.
La única apuesta del sexenio a energía limpia son proyectos que tienen suficientes problemas técnicos como para considerarlos inviables, pero que aún viables no representan ni la décima parte de lo que el país requiere en materia de energía limpia.
El problema es que la falta de energía limpia no afecta sólo a la propia industria energética, sino a muchas industrias que requieren cada vez más energía limpia. Sin ella no se mueven.
Pero el gobierno no entiende esto y frena la transición. Al fin, supongo que así piensan, serán los siguientes gobiernos los que paguen el costo político del retraso.
