Una definición mínima de los regímenes “iliberales” acota que recurren periódicamente a elecciones. El proceso de votación puede ser legal y bien organizado, incluso teniendo elementos de transparencia reconocidos internacionalmente. Ello en ausencia de reformas a los poderes judicial y de las fuerzas armadas, así como la interferencia continua de poderes fácticos. Se tiene así democracia procedimental que, si bien imprescindible en un régimen liberal no alcanza para definirlo o completarlo. En el peor de los casos serán una pantalla, en el mejor el avance mínimo para sobre él continuar. No hay duda de que el mexicano es un régimen iliberal con una democracia de baja calidad. Cada ciclo electoral puede ser bien llevado y el día de las elecciones se ha contado con verdaderas fiestas como la que completó la “transición” en el año 2000. Como también que mantener ese mínimo mientras los poderes judiciales, en sus diferentes instancias, destacan por abyectos y corruptos, o las fuerzas armadas operen en un régimen de excepción, exhibe debilidades congénitas y estructurales. Desde que podemos hablar de transición y las fechas variarán demagógicamente con el 68, épicamente tras el fraude del 88, o minimalistamente tras el año violento de 1994, pero la organización de elecciones había sido un pacto de élites políticas, nunca demanda popular. Tan es así que sólo hacía falta un demagogo acumulase el suficiente poder para romperlo y en esas estamos.
La aprobación del plan “B” que es como llamó el partido gobernante a las iniciativas de reforma electoral del presidente, tras desechar el “A” por falta de mayoría calificada en la cámara de diputados, lisia la capacidad del órgano electoral para garantizar ese mínimo iliberal. Ciertamente el plan “A” buscaba matar toda posibilidad de elecciones confiables e independientes, el “B” busca destriparlo o desangrarlo, pero dejarlo como una reliquia a ser ignorada. Cada una de las violaciones constitucionales incluidas en el plan “B” deberá revisarse, pero en conjunto inhiben la capacidad del INE para operar elecciones confiables, tanto en el día de la elección como en la organización del proceso electoral y los tiempos intermedios. Se da así toque de corneta para que los actores políticos actúen como mejor les convenga. Dependiendo de los recursos legales e ilegales a los que tengan acceso podrán actuar impunemente en una suerte de campaña perenne. Está por demás decir es ilegal, pues la misma ley electoral es un recuerdo de los idos “tiempos neoliberales”. En los del populismo campea la restauración autoritaria. Qué de cierto es que se parece al “partidazo aplanadora” pre o pos-68 es irrelevante, el presente tiene una sola suerte en la pirinola: “todo al ganador”.
Sabemos que ante la sumisa y genuflexa indignidad de las bancadas legislativas de la coalición gobernante queda el recurso de impugnar ante la suprema corte. Sabemos también que tanto el INE como los partidos de oposición están obligados a hacerlo. Sabemos con mayor certeza, que ese órgano se caracteriza por su falta de autonomía en general y depravada sumisión en el presente a la voluntad presidencial. No es claro si se aprestarán a desechar las controversias, abriendo así el camino para que el proceso electoral del 2024 opere ya bajo los efectos del plan “B”, o si las detendrán un tiempo para dar otro madruguete. Lo cierto es que, entre la votación de esta semana y el proceso del 24, se abre un estado de excepción para campañas anticipadas, participación de poderes fácticos tanto criminales como empresariales y el INE queda reducido a “irrisión o penosa vergüenza”. Estar en campaña perenne es lo que más le gusta y mejor hace el presidente. No importa que poco de lo que en ellas diga tenga validez alguna, use mañosamente medias verdades, así como calumnias y sueños de opio. Ese es su papel como agitador de las masas vía el resentimiento. Eso que en los Estados Unidos llaman la “política de la ira” con él ha adquirido carta de naturalización. Ante el desborde de sus huestes queda como único juego posible un frente que no proponga ideas ni plataformas políticas, sin otro programa que el manejo de la ira contra él y su coalición. Por lo mismo no deben esperarse candidatos capaces ni políticos moderados. Han de encontrar entre ellos lo peor para confrontarse usando el rencor como mínimo común denominador. Seguro habrá quién lo considere un avance, o al menos el desenmascaramiento ante la simulación del juego. No es tan claro si podemos anticipar sus consecuencias, empero.
