El Congreso de Puebla aprobó, por mayoría de votos, las Leyes de Ingresos de municipios, incluyen el Derecho de Alumbrado Público (DAP), castigar con cárcel la “sumisión química” y las reformas al Poder Judicial enviadas, antes de morir, por el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta.
En la sesión extraordinaria, los legisladores debatieron sobre la aprobación de este derecho incluido en las propuestas fiscales de los 217 ayuntamientos que solamente se ajustaron en términos de 7 por ciento por debajo del índice inflacionario nacional.
El presidente de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, Jorge Estefan Chidiac, aseveró que el recurso recaudado por DAP deberá ser aplicado íntegramente en la mejora del servicio de alumbrado público.
Precisó que los 154 alcaldes que podrán cobrar el DAP no rebasarán los 171 pesos en el caso de las empresas, mientras que los ciudadanos solo pagarán hasta 15 pesos mensuales y éste se verá reflejado en sus recibos de Comisión Federal de Electricidad (CFE).
En esta misma sesión, los diputados dieron luz verde a la iniciativa para sancionar hasta con tres años de cárcel y multa económica de 28 mil 866 pesos. a quienes suministren alcohol, fármacos o narcóticos a una persona para que pierda la conciencia.
Subrayaron que al delito de “sumisión química” se sumarán los años de cárcel si aprovechado el estado de confusión de la víctima se comete un abuso sexual, estupro, violación y hostigamiento sexual.
Asimismo, los legisladores dieron su aval a las reformas que buscan fortalecer al Poder Judicial de Puebla que establecen sanciones para los servidores públicos del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y el Consejo de la Judicatura que cometan alguna irregularidad.
Además, que se establece el protocolo para la designación de magistrados y el tiempo que estarán en el cargo, así como la implementación de dos períodos de sesiones y la puesta en marcha de juicios administrativos en línea.
Finalmente, dieron trámite legislativo a los informes de resultados individuales de la fiscalización de 326 cuentas públicas correspondientes al ejercicio fiscal 2020 presentados por la Auditoría Superior del Estado (ASE).
