Hace unos días, el presidente de Canadá Justin Trudeau dijo sobre su visita a México que inicia este día: “Entiendo que quiere poner más énfasis en las empresas propiedad del Estado, pero se tiene que hacer en una forma responsable, en una forma que se entiende que es parte del TMEC”. Es real que hay que alinearse a lo que nos comprometimos, pero hay un falso dilema, pues la política energética del gobierno no beneficia a las empresas del Estado, sino solo a políticos.
Es fácil de explicarse.
La política energética actual lo que busca es darle todo el pastel a las empresas del Estado, lo que no necesariamente las fortalece o las beneficia.
Una empresa que debe hacerse cargo de toda la cadena de valor puede tener espacios de ineficiencia y perdidas, y al verse obligada a encargarse de todo, esas perdidas serán una constante.
Fortalecer a las empresas propiedad del Estado debe pasar por eliminarles la carga que le genera perdidas, por ejemplo: PEMEX tiene perdidas constantes desde hace algunos lustros en materia de refinación. Mientras mas refina, más pierde.
Igual pasa con CFE, especialmente en generación. Mientras más genera por si sola, más costos altos tiene que solventar, pero los ingresos se mantienen iguales, lo que significa pérdidas a la propia empresa.
¿Ha habido alguna reforma que permitió aligerar la carga y corregir los problemas de CFE y PEMEX?
Sin duda, la reforma de 2013 permitió eso, pero no solamente liberar sus cargas, sino herramientas para fortalecer los espacios en que las empresas eran eficientes. Por ejemplo, en la ronda cero, PEMEX mantuvo el control en los yacimientos en que era eficiente en extrayendo.
Por su lado, CFE mantuvo el control sobre el negocio del futuro: las redes eléctricas, pero además fortaleció sus finanzas en estos dos sectores al acceder a una tarifa que le permite recuperar sus costos y crecer la infraestructura. Por si fuera poco, las subastas de la reforma le permitieron a CFE acceder a costos de energía muy baratos,
El problema es que el gobierno que llegó en 2018 no entiende el sistema.
Por eso, la apuesta a la refinación es una mala carta, pues lo que hace es forzar la operación en áreas que generan perdidas a la empresa del Estado. No es de extrañarse que la mejor medida hasta ahora de parte del gobierno, o la menos peor, haya sido la compra de una refinería fuera del país, una acción sumamente neoliberal, mientras que las refinerías mexicanas se encuentran frecuentemente con accidentes y ya no digamos de las perdidas constantes que complican la situación financiera de la empresa.
Por su lado, CFE dejó de invertir en transmisión y distribución, pero insiste en invertir en generación, donde tiene más perdidas, donde mientras mas genera mas pierde dinero. De ahí que de 2016 a 2018 haya tenido ganancias, y a partir de 2019 perdidas, al dejar de aplicar plenamente el marco legal de 2015.
De nuevo, parece que la mejor decisión de CFE hasta ahora es seguir con los planes de exportación de gas, que se plantearon desde el sexenio pasado. Algo muy neoliberal.
Pero además, cumplir con el TMEC significa ganar para las empresas mexicanas.
Para CFE puede significar comprar energía más barata, lo que significaría además sanear las finanzas. Podría permitir también llegar a acuerdos para fortalecer las redes eléctricas de la mano con privados, lo que asegura recursos a futuro para la propia empresa.
Y de ahí es que estamos ante un falso dilema: cumplir con el tratado y la ley no significa sacrificar a las empresas del Estado, sino que es fortalecerlas.
Ahora que si de lo que se trata es de control absoluto, aunque sea con perdidas y afectar las finanzas del Estado y sus empresas, pues si, para eso no sirve el TMEC y hay que violarlo, como lo hace este gobierno.
