La Comisión Permanente del Congreso de la Unión ratificó este miércoles la designación de Omar Mejía como miembro de la Junta de Gobierno del Banco de México y de Leopoldo Melchi como presidente de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
En conferencia de prensa, al término de la sesión que se llevó a cabo en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el presidente del Senado Alejandro Armenta destacó que, estos nombramientos son fundamentales para lograr la certeza jurídica en estos dos organismos.
Asimismo, Armenta puntualizó que, la autonomía no es supremacía constitucional, ésta implica que un organismo cuenta con la personalidad jurídica para poder actuar más allá de intereses privados o públicos, en este sentido, los intereses de Estado significan que el bien público se sobreponga a cualquier intento de aprovechamiento de los recursos naturales del país.
En este sentido, hizo un llamado al presidente de la CRE, que fue ratificado por la Comisión Permanente, a que actúe con apego a los intereses de la nación, y señaló que este organismo ha sido cuestionado severamente en los últimos años, por avalar prácticas monopólicas, y por ser complaciente frente a la entrega de concesiones mineras, fundamentalmente en materia de litio.
“Consideramos que es muy importante que la Comisión Reguladora de Energía se convierta en un verdadero agente autónomo, que proteja los intereses del Estado mexicano y el interés público”.
Armenta
Además, agregó que, la CRE avaló la entrega de 31 concesiones mineras a empresas extranjeras para la explotación y el aprovechamiento de dicho mineral, por lo que desde el Senado de la República se denunció la actuación de los integrantes de dicha Comisión, que se convirtieron en un ente al servicio de los intereses supranacionales o extranjeros.
Por tanto, el senador poblano enfatizó que, tanto la Comisión Federal de Competencia Económica, como la Comisión Reguladora de Energía deben jugar un papel articulado para proteger los intereses del país, lo cual no ha sucedido.
Finalmente, recordó su denuncia ante la CRE ante la entrega de las 31 concesiones mineras de litio, así como por haber autorizado la compraventa de la empresa Bacanora Lithium, en Sonora, donde empresas canadienses obtuvieron ganancias por arriba de los dos mil 600 millones de pesos, sólo por vender la concesión, sin que el país hubiera obtenido un solo peso.
