Puebla mantiene finanzas sanas, cumple con el pago de la deuda heredada sin necesidad de solicitar ningún préstamo cubriendo sus compromisos con los ahorros generados por el buen manejo del presupuesto, afirmó, la titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación, María Teresa Castro Corro.
Durante su comparecencia ante la LXI Legislatura y en presencia de Rosario Orozco Caballero, esposa del gobernador Miguel Barbosa Huerta, recientemente fallecido, destacó que en el último año se hizo un uso eficiente del recurso asignado a Puebla.
Comentó que durante los 12 meses del año pasado se interpusieron 27 denuncias penales ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por el delito de lavado de dinero y están en curso las investigaciones correspondientes.
Destacó que la entidad registró un superávit de 5 mil millones de pesos en las proyecciones de recaudación para alcanzar ingresos por el orden de los 110 mil 259 millones de pesos.
Resaltó que derivado del proceso de canje de placas más del 60 por ciento del padrón está actualizado y el 53 por ciento de los automóviles que circulan por las calles de Puebla se encuentran en orden y en proceso del pago de su control vehicular.
Enfatizó que la deuda de Puebla al cierre de 2022 reporta un saldo de 44 mil 187 millones de pesos, en la que se incluyen los Proyectos de Asociaciones Público – Privadas (APPS) y los Proyectos de Prestación de Servicios (PPS), entre otros.
Subrayó que en el último año se aplicaron 3 mil 281 millones de pesos para cubrir el endeudamiento generado y heredado por las pasadas administraciones y este recurso representa el 58.3 por ciento de la inversión en infraestructura y casi el total de seguridad.
Apuntó que derivado del buen manejo de los recursos públicos y no tener que recurrir a un endeudamiento para la ejecución de proyectos y programas sociales el estado de Puebla tiene una calificación AA con perspectiva estable.
Castro Corro defendió el costo de la verificación vehicular argumentando que está dentro de los parámetros de los estados que forman parte de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) y los diputados aprobaron la tarifa establecida.
Foto: Mara González/Enfoque
