El Estado mexicano tiene la obligación de garantizar y proteger la independencia de las y los impartidores de justicia, siendo la mayor e insustituible garantía de que su actuación está libre de todo tipo de presiones e injerencias de actores públicos y privados.
Su vulneración no es un asunto que solo ataña al Poder Judicial, sino a la totalidad de habitantes del territorio nacional, a quienes les asisten los derechos de tener acceso a la justicia, protección judicial y servicios públicos en igualdad de condiciones.
Por ello, transgredir la independencia de jueces, magistrados y ministros es atacar al pueblo al vulnerar en su totalidad el estado de derecho, violentar la división de poderes y dejarnos en desprotección frente a quien detenta el poder público.
Persona alguna puede ni debe transgredir la independencia judicial amparado en la libertad de expresión, pues al tratarse de un derecho que no es absoluto para los particulares, tampoco lo es para los servidores públicos, quienes no pueden ni deben dañar la dignidad e independencia de los poderes.
Lanzar críticas generalizadas de corrupción sin contar con sustento jurídico, alentando al linchamiento público y descrédito social de uno de los poderes de la Unión, como lo hace el Poder Ejecutivo Federal, es violentar la Constitución e ir en contra de nuestro régimen republicano.
Desde el 1 de diciembre de 2018 el Poder Ejecutivo Federal ha emprendido una ofensiva sistemática en contra de los otros Poderes de la Unión y órganos autónomos. En el caso del Judicial ha criticado con gran ligereza aspectos como la nominación, traslado, promoción, disciplina, término de funciones y salarios de jueces, magistrados y ministros, llegando a presentar iniciativas que no se ajustan al más mínimo control constitucional ni convencional y sí lesionan gravemente la impartición de justicia.
Para ello, ha contado con el apoyo cómplice de la mayoría artificiosa de Morena y aliados en el Congreso, quienes son los responsables de la baja calidad democrática del debate legislativo, al no permitir corregir proyecto de reforma o nueva ley alguno y simplemente aplicar su mayoría para aprobar medidas que son evidentemente inconstitucionales y dañinas para el interés público.
Ante esta andanada, actualmente el Poder Judicial está cumpliendo con su responsabilidad de sostener y defender implacablemente su independencia, a fin de no permitir las injerencias del Ejecutivo y Legislativo en sus decisiones.
No es fácil sobre todo cuando sabemos de la utilización de recursos públicos y de toda la fuerza gubernamental para tratar de doblar al Poder Judicial, pero tampoco será sencillo vencernos a quienes defendemos nuestro régimen constitucional.
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) expresa su apoyo a las y los impartidores de justicia en la defensa de nuestra Constitución, reiterando que no permitiremos que se vulnere su independencia y que levantaremos la voz en las instancias nacionales e internacionales necesarias para denunciar a quienes pretenden amedrentar y vulnerar la impartición de justicia en México.
