Centroamericanos y españoles fundamentalmente han intervenido en la política mexicana aunque está prohibido por la Constitución.
El español Abraham Mendieta es el autor de la conformación de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, esos que operan bajo el cobijo de Morena, quien es el instituto político que más prerrogativas tuvo a nivel nacional con 55 millones de pesos para 2023.
Por otro lado, Katu Arkonnada (Israel Arkonada Gómez), excolaborador de la organización terrorista ETA (País Vasco en Libertado, por sus siglas en euskera), de Evo Morales y del régimen chavista en Venezuela, le susurra al oído al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y es un activo militante del «movimiento» obradorista.
Por otro lado, el guatemalteco Epigmenio Ibarra, es uno de los principales orquestadores de movimientos digitales en contra de los opositores al régimen actual, mientras que Ignacio Taibo, como director del Fondo de Cultura Económica (FCE) llegó al cargo porque la llamada aplanadora de Morena no tuvo empacho de cambiar la Constitución para que un nacido en España pudiera ocupar un cargo que solamente estaba destinado a los mexicanos de nacimiento.
Estos personajes de la vida pública, extranjeros por su puesto, han tenido respaldo incuestionable de parte del Gobierno de México, y a pesar de que no tendrían que inmiscuirse en política nacional, lo hacen sin recato.
«El Ejecutivo de la Unión, previa audiencia, podrá expulsar del territorio nacional a personas extranjeras con fundamento en la ley, la cual regulará el procedimiento administrativo, así como el lugar y tiempo que dure la detención. Los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país», señala el texto vigente constitucional.
Sin embargo, los extranjeros se inmiscuyen en política nacional y violentan las normas vigentes. Recientemente se dio a conocer que la protesta en contra de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, en la que se exigía la renuncia de la jueza mexicana, fue orquestada por la guatemalteca, Julia Klug, experta en protestas.
Ante ello, el Poder Ejecutivo, en lugar de aplicar la ley, envió este mes una iniciativa que elimina el párrafo en el que se señala que los extranjeros no podrán inmiscuirse en los asuntos políticos del país y garantiza a las personas extranjeras su «derecho a la libre manifestación de las ideas».
Será la oposición política quien determine si se da paso a esta complacencia, en la que se ven involucrados personajes que han causado con su influencia, la destrucción de sistemas democráticos en diversos países latinoamericanos, o exigir con toda la fuerza, que se aplique el 33.
