Con la primera Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (HCTI), impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, México transforma las políticas humanísticas, científicas y tecnológicas nacionales, evitando que los recursos del pueblo de México se usen para favorecer intereses creados, mediante la simulación, el contubernio y la opacidad.
El presidente López Obrador afirmó que la voluntad de este gobierno es fortalecer a las instituciones públicas para trabajar con y para las personas; “antes, el dinero del pueblo lo transferían para grandes empresas y no hacían investigación en beneficio del pueblo”.
En la conferencia de prensa matutina, la directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), María Elena Álvarez-Buylla Roces, presentó datos que sustentaron el impulso de un cambio urgente y profundo la institución, mediante la creación de la nueva Ley General en materia de HCTI, la cual contiene mecanismos que zanjan múltiples prácticas indebidas que en sexenios anteriores posibilitaron el uso indebido de recursos públicos que habían sido destinados a una simulación en la investigación científica y el desarrollo tecnológico.
Expresó que de 2000 a 2018, la autorización de transferencias multimillonarias realizadas a grandes empresas nacionales y transnacionales ascendió a más de 45 mil millones de pesos, a través de diversos mecanismos poco transparentes. En contraste, el gobierno de la transformación desapareció dichos mecanismos para aprovechar de manera eficiente, honrada y justa, los recursos públicos en beneficio de la ciencia y el desarrollo tecnológico del país.
“Desde el sexenio del presidente [Vicente] Fox, se generaron fideicomisos para poder acumular recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación, y desde ahí poderlos administrar de manera opaca y ajena a las funciones del Conacyt. Éstos fueron aumentando con los presidentes [Felipe] Calderón y [Enrique] Peña, y se transfirieron, a fondo perdido, más de 45 mil millones de pesos a empresas privadas, nacionales y transnacionales para beneficiarse y maximizar sus ganancias.”
Álvarez-Buylla añadió que, además de los fideicomisos, las instituciones de educación superior (IES) y las asociaciones civiles “utilizaron al Conacyt como entidad pública para facilitar el procedimiento de transferencias y desvíos a favor de intereses creados, políticos y económicos”, que sirvieron para canalizar alrededor de 14 mil millones de pesos a proyectos que en la actualidad son elefantes blancos y falsas ciudades del conocimiento, sin retorno público.
Mientras en sexenios pasados se manipulaban estos mecanismos al amparo de la Ley de Ciencia aún vigente —y que antecede la aprobación de esta nueva Ley General en materia de HCTI—, México bajó 16 lugares en innovación, a pesar de un mayor gasto. En contraste a este “fracaso rotundo”, el nuevo Conacyt consiguió que el país ascendiera seis lugares en resultados de innovación entre 2018 y 2022, “aplicando los principios de austeridad, inversión eficiente y, sobre todo, pertinente”.
La titular del Conacyt reiteró que, a diferencia de periodos anteriores, por primera vez se establece por ley que los recursos sean distribuidos de manera más justa y equitativa para garantizar el derecho humano a la ciencia, evitando escenarios como los de 2013 y 2018, donde la distribución de apoyos se concentró 54 por ciento en el sector público y 46 por ciento en el privado, en tanto que, a partir de 2019, la relación es de 90 por ciento y 10 por ciento, respectivamente.
“No se deja absolutamente a ningún estudiante aceptado en posgrados públicos, que también se habían ido privatizando utilizando las becas de Conacyt; no para distribuirlas de manera justa y transparente y con criterios de inclusión, sino para usarlas como señuelos para negocios, inclusive, al seno de universidades públicas. Hoy ya no se deja a ninguno de los estudiantes aceptados en posgrados públicos sin beca, y estos mecanismos ahora quedan sustentados en diferentes artículos de la ley.”
Abundó que se ha aumentado el número de becas a jóvenes con doctorado para atender uno de los rezagos heredados por el pasado neoliberal, que provocó que las y los estudiantes tuvieran que dejar el país en lugar de brindar su talento a México. “Aumentaron las becas en especialidades médicas y las becas a investigadores, gracias al ahorro que ahora tenemos. Hay más apoyo a proyectos de ciencia básica y de frontera para atender diversas problemáticas prioritarias”.
Finalmente, Álvarez-Buylla Roces afirmó que, con la Ley General en materia de HCTI recién aprobada, México avanza con mecanismos de concurrencia claros entre el gobierno federal, las entidades federativas, los municipios y la iniciativa privada para sumar acciones que contribuyan a garantizar el derecho humano a la ciencia, evitando simulaciones y promoviendo el desarrollo de las HCTI a favor del interés general del pueblo de México.
