Nuestra universidad, en sus 50 años de historia, ha colaborado de manera relevante con diferentes instancias gubernamentales, empresariales y sociales en la construcción de acuerdos que signifiquen desarrollo humano y social, desde una perspectiva de bien común.
Hemos apostado siempre a tender puentes para un diálogo constructivo, incluso con quienes no coincidimos en diversos temas, sabedores de que la sociedad mexicana es plural y ha sabido construir, con muchos sacrificios y la lucha de generaciones de ciudadanos, instituciones más transparentes, así como un régimen más democrático y con mayores libertades.
Es por esto que los hechos consignados la semana anterior en el seno del Congreso de la Unión nos preocupan y ocupan sobremanera, pues se aprueba una Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación en un proceso que ha sido seriamente cuestionado y cuyas propuestas representan un sensible retroceso, tanto para el desarrollo científico como académico en nuestro país.
La participación de todos los actores del mundo científico es fundamental para atender los graves problemas que enfrenta nuestro país en materia de pobreza, salud o seguridad, solo por mencionar algunos muy relevantes.
La cancelación de los diálogos y el enriquecimiento de propuestas a través del Parlamento Abierto; frenar la colaboración científica pública y privada; la discriminación implícita en la ley apenas aprobada por los diputados, la cual excluye a los estudiantes de posgrado de recibir becas y apoyos gubernamentales y que deja fuera a los miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) de poder acceder a los estímulos que otorga el Estado para la producción científica impactará gravemente en la atención de temas prioritarios para bien de la ciudadanía.
Es por esto que hacemos un llamado respetuoso al Congreso de la Unión a reponer este proceso para la elaboración de una ley que se construya de manera participativa y que verdaderamente atienda a las necesidades nacionales, a la investigación científica y a todos sus protagonistas: instituciones públicas y privadas, centros de investigación, desde una perspectiva de inclusión, innovación, justicia y bien común.
La Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (Upaep), sumada a otros esfuerzos institucionales, analiza el impacto de estas decisiones y promoverá, en el marco de la ley, la defensa de los derechos de nuestra comunidad científica: estudiantes, académicos e investigadores.
Foto de archivo de Guadalupe Zúñiga / Agencia Enfoque
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