La chacota, el chambre, chisme, o cotilleo de la semana es el revés dado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la primera parte del Plan B en materia electoral. Recordemos que la voluntad del presidente López Obrador fue dictada a los genuflexos integrantes de las bancadas de su coalición partidista (morena, Partido del Trabajo y Partido Verde) para ser aprobada sin reflexión ni enmienda en ambas cámaras y así codificarse en ley por la vía del agandalle. Las reacciones han sido las predecibles en un infantilizado, vulgar, y degradado campo político que se asemeja más a un mingitorio o patio carcelario que al ideal republicano. De un lado se festeja que el poder judicial haya garantizado en razonada mayoría mantener los procedimientos mínimos para la discusión, ponderación y en su caso votación de enmiendas constitucionales, mientras que por el otro se les acusa de ser personeros del antiguo régimen. Se añade el recurso que, al dar entrada, revisar y dictaminar sobre la controversia constitucional, la Suprema Corte está invadiendo las atribuciones del poder legislativo y “por ende traicionando” a la voluntad popular. Por supuesto esa voluntad se expresa por el presidente, en tanto única e indivisible encarnación de “el pueblo”.
Hay dos elementos a subrayar en esta serie de despropósitos; primero, la división de poderes y lo que se quiere entender al respecto, seguido de la preparación del terreno para las confrontaciones pre, durante y postelectorales que seguro marcarán el 2024. Este 2023 es un año, no de barbecho sino de acumular rencores para la anti-política: un juego de suma cero en que todos perderemos. La sumisión de los integrantes de las bancadas (con sus honrosas excepciones) de la coalición gobernante a la voluntad presidencial en las cámaras de diputados y senadores puede justificarse de varias maneras. Seguramente habrá quiénes sostengan es el producto de las décadas de luchar juntos desde la oposición buscando la transformación. Otros dirán es una cuestión impuesta por las circunstancias, pues son tan corruptas las estructuras heredadas del neoliberalismo que no pueden ser sino destruidas antes que reformadas. Ambas propuestas son falaces. La primera por el probado oportunismo de la mayoría de quienes integran esas bancadas y en sí a la coalición. Ciertamente hay militantes de toda la vida en izquierdas, pero no son ni la mayoría, ni dominan la agenda de gobierno, como tampoco las posiciones de liderazgo. La coalición es ante todo una cohorte de oportunistas. Asimismo, probar la vigencia de la cita de 1914 del embajador estadounidense H. L. Wilson en México es de pena ajena. Publicada en los ANNALS OF THE AMERICAN ACADEMY OF POLITICAL AND SOCIAL SCIENCE, la traduzco libremente: “Esta gente no tiene comprensión del significado de la palabra ‘democracia’. Su idea de una elección es una revolución, no teniendo ninguna intención de contribuir al mantenimiento de una ordenada, pacífica y democrática república.” Con esto quiero subrayar que la sumisión de las bancadas al ejecutivo es responsabilidad de ellas, no de lo que puedan ser los intereses o delirios autoritarios de nadie más. Son ellos y no el presidente quiénes son responsables de violar acuerdos y procesos, “mayoritear” en agandalle porril, aplastando a las minorías.
Ahora bien, la versión que la Suprema Corte está invadiendo facultades del Congreso es espuria, pero resuena electoralmente. Lo es porque en el entendimiento del presidente, expresado en “las mañaneras” y compartido por buena parte de sus fieles seguidores, es ontológicamente imposible que el judicial sea un poder autónomo con ministros probos tratando de cumplir su mandato hasta dónde den sus capacidades. Los magistrados, ha declarado, sirven a los intereses de quiénes los han puesto ahí. No sólo ha denostado así a quiénes considera sus adversarios, preocupantemente contra la ministra presidenta en lo que va del año, sino principalmente a quiénes considera sus mandaderos, achichincles y cortesanas. Se ha dicho decepcionado de los cuatro jueces que logró “imponer”, por más que dos muestren una lealtad perruna o asuman el papel de muñecas de ventrílocuo. Ese desconocimiento selectivo y perverso busca minar la legitimidad de la corte para así poder desfondarla. El sinsentido que los jueces sean electos por “el pueblo”, es decir él, no es lapsus sino otro exceso obsceno a los que es presto. Lógicamente la historia política del país y la lenta construcción de instituciones da píe para calumniar y creer por igual en lo que sea. De hecho, lo sorprendente no es que se evoquen términos como “democracia” o “pueblo” rodeándoles de un aura de sacralidad, sí que se suponga no tendrá consecuencias la iconoclastia.
El segundo elemento en cuestión, saber en qué situación nos pone la rijosidad pendenciera de la coalición gobernante de cara a las elecciones de éste y el siguiente año, es lógico. El ataque sostenido a las instituciones busca minar la confianza en ellas y así, independientemente de los resultados electorales, sólo una victoria por arrase de la coalición será aceptable para los fieles. Tal y como están los sondeos hogaño se espera un empate en las elecciones de los estados de México y Coahuila, ganando el primero y perdiendo el segundo. Eso aún puede cambiar, pero sirven para tensar el ambiente pues el plan B en su segunda parte debe ser invalidado por la misma corte. Así es que se completa la derrota de pretender modificar “las reglas del juego electoral.” Quiénes lo hicieron estarían oponiéndose a la voluntad del pueblo encarnado en Él para entrar a una situación de todo o nada. Renunciando a la condición de presidente y asumiendo poderes de “soberano” (el que define la ley y decide por encima de ella) elige el más bajo terreno de confrontación política. No es claro si la coalición goza de la disciplina que su predecesor partido de Estado. Sí que esa es su aspiración y para ello pueden recurrir a la violencia política que caracterizó el paso de los generales a los “licenciados” (usualmente abogados) monopolizando la vida pública a mitad del siglo veinte. No es posible saber qué escenificación histórica es por la que quiere ser recordado el presidente, sí que cuenta con un obsequioso e irresponsable coro de actores y operadores políticos en su coalición. Deshacerse de los más capaces e independientes es la consigna, desconocemos aún si “cueste lo que cueste”.
