La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez Velázquez, aseguró que la violencia de género es la más devastadora de las desigualdades.
Aseveró que la violencia contra las mujeres, no es normal, es un delito y para erradicarla es necesario terminar con la impunidad.
Al inaugurar el curso “Modelo Integral para la Sanción de las Violencias contra las Mujeres”, Rodríguez Velázquez destacó que el foro es un parteaguas de la política para la sanción de la violencia contra las mujeres.
Explicó que, a través del curso, el Gobierno de México contribuye a profesionalizar a las personas servidoras públicas del país, que tienen la obligación de garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y de acceso a la justicia, para que prevalezca el respeto a la dignidad y libertad durante todo el proceso de procuración e impartición de justicia y sanción a los agresores.
Agregó que se trata de garantizar el acceso efectivo a la reparación integral que comprenda la indemnización, la rehabilitación y satisfacción, y no repetición en favor de las víctimas directas e indirectas de estos delitos.
Entre los temas abordados en el curso están: Componentes del Modelo Integral para la Sanción de las Violencias Contra las Mujeres; así como Directrices de la Actuación de las Personas Servidoras Públicas con Funciones Sancionadoras.
Asimismo, Régimen Jurídico en Materia de Sanción de las Violencias contra las Mujeres; Medidas de Reparación Integral del Daño a las Víctimas; además de medidas reeducativas para eliminar rasgos violentos.
En las actividades participaron integrantes del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia; del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación; del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres; de los poderes judiciales en las entidades federativas; así como de fiscalías y procuradurías de justicia estatales, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas Federal y de las comisiones locales en las 32 entidades federativas, en los centros de justicia para las mujeres.
