Desde 2013, la Constitución dice que generación y comercialización de energía eléctrica están en un régimen de libre concurrencia. Ese es uno de los principios fundamentales del mercado eléctrico.
Para que esos principios se cumplan, debe haber igualdad en las reglas y su aplicación.
El problema desde finales de 2018 es que los políticos que llegaron al poder no estaban de acuerdo con esas reglas, sino que tienen la idea (falsa) de que, si el Estado hace algo, como no busca rentabilidad o utilidades, lo hace más barato, mientras que los privados siempre buscarán rentabilidad y ganancias.
Como la realidad es distinta a esta hipótesis, decidieron cambiar la ley para darle preferencia a una empresa que es propiedad de todos los mexicanos. Incluyendo en la propiedad sus altos costos, sus deudas y pérdidas.
Pero como dije arriba, la ley y los reglamentos tienen que ser acordes a la Constitución, y darle preferencia a una empresa no lo es.
Entonces, algunas empresas decidieron presentar un amparo, que no es otra cosa que pedir la protección de la justicia, ante el hecho de que esta reforma vulneraba su derecho a competir en igualdad de circunstancias.
Un juez valoró los argumentos de estas empresas y decidió que sí, hay una violación a lo que dice la Constitución. Por tanto, les concedió el amparo.
Aquellos que violaron la Constitución (y lo sabían, pues muchos lo dijimos, incluso en parlamento abierto) quisieron pelear su reforma en tribunales. El caso es que el asunto llegó a la suprema Corte de Justicia de la Nación y la semana pasada lo iban a discutir.
La Secretaría de Energía hizo algo que entre abogados se suele llamar “chicanada” y me refiero a usar algún recurso para alargar el juicio. El recurso es tan absurdo que es casi casi como decir que como los ministros son abogados y están en alguna asociación de abogados con otros abogados, pues tienen un conflicto de interés.
Lo más probable es que esto se rechace y el amparo se discuta en unas semanas y se anule de facto la ley combustóleo, que es como mucho llamaron a la reforma en disputa.
¿A quién afecta esto?
De momento parece que a las empresas del Estado, que bajo la “estrategia” de la actual administración han optado por la leyes desiguales en lugar de mejorar sus procesos para ser competitivos.
Curiosamente también beneficia a una empresa del Estado (CFE Suministradora de Servicios Básicos) al poder comprar energía más barata en lugar de tener que comprarle a CFE, para después revendernos a los mexicanos.
¿A quien más beneficia esto?
Al consumidor de energía, que tenemos un marco legal en el que se tiene certeza de que se recibe primero la energía más barata (excepto por los contratos de CFE heredados del pasado). Este marco se vuelve incluso ventajoso para CFE, que le empuja a modernizarse.
Es tiempo de respetar la Constitución, como no se ha hecho de diciembre de 2018 a la fecha. Y hacerlo será para beneficio de los mexicanos.
El gobierno por su lado, debería asumir su violación constitucional y enmendar el camino, con lo que mitigaría los daños que ya ha causado al Sistema Eléctrico Nacional, y que han afectado a los mexicanos. Al aplicarse la Constitución y darle camino libre a quienes quieren participar se logra entonces, ofrecer servicios más competitivos a los mexicanos.
Si queremos ser un país moderno, tenemos que hacer lo que hicieron los países para alcanzarlo.
El estatismo, por romántico que suene, no ha llevado al desarrollo a ningún país.
Bajo ese contexto se abrió el sector eléctrico al mercado, sin que el Estado dejara de participar y de hecho ejerciendo las funciones estratégicas, que este gobierno ha renunciado parcialmente a llevar a cabo. La transmisión y distribución.
Que empiecen a cumplir con ellas o las abran a quienes quieran tomarlas, por el bien de México, a respetar la Constitución.
