La Constitución Política, en su artículo 73, establece de manera categórica que ningún empréstito podrá ser autorizado sino para la realización de obras que directamente incrementen los ingresos públicos; este mandato es claro y contundente, y aplica tanto al Poder Ejecutivo al solicitar, como al Poder Legislativo al aprobar cualquier incremento en la deuda pública del Estado.
Sin embargo, Morena y su mayoría en el Congreso están incurriendo en una clara violación a este precepto. Es evidente que los casi 2 billones de deuda solicitados en el paquete económico para 2024 serán destinados mayoritariamente a gasto corriente, sin que se destinen recursos a inversiones productivas que otorguen sustentabilidad y viabilidad al presupuesto.
Esta situación no puede ser tomada a la ligera, ya que se trata de pedir prestado sin proporcionar las garantías de que se dispondrá de los recursos para su reembolso, lo que conlleva un grave perjuicio para el erario. No solo se trata de pagar los 2 billones de pesos, sino también los intereses asociados.
El proyecto de paquete económico es una violación directa a la Constitución y coloca a México en una trayectoria que puede llevarlo a una seria crisis económica.
Después de cinco años de malversación de fondos públicos, dilapidación de recursos y desmantelamiento de fideicomisos creados con arduos esfuerzos durante tres décadas para que el gobierno pudiera hacer frente a situaciones de emergencia, así como el debilitamiento de instituciones públicas tan cruciales como las del Sector Salud, seguridad y procuración de justicia, hoy Morena está hipotecando al país para apropiarse de esos recursos, desviando una parte para sus campañas y obligando a las futuras generaciones a cargar con esta deuda.
Estamos ante un plan perverso en el que la principal víctima será el pueblo de México, ya que se le hace dependiente de la volatilidad de los mercados financieros internacionales, fluctuaciones en las tasas de interés, restricción en la política fiscal, impacto en la calificación crediticia y desaliento a la inversión privada.
Por ello, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha dejado en claro que no respaldará de ninguna manera las intenciones de Morena. Convocamos a las y los 30 diputados federales de Morena que han reconocido lo injusto, sesgado e irresponsable actuar del oficialismo, a unirse al Frente Amplio por México para evitar que sigan endeudando y empobreciendo a nuestro pueblo.
La gestión de la deuda pública es un asunto de vital importancia para abordar los retos económicos y sociales. El endeudamiento debe ser utilizado como una herramienta para fomentar el crecimiento económico y no para satisfacer ambiciones personales ni pretender comprar el voto de mujeres y hombres libres. ¡No permitiremos que esto ocurra!
