Debo iniciar diciendo que soy un creyente de que las autoridades locales deberían tener mucho más que ver en materia energética. El caso que platicaremos es un asunto donde hay que meter mano, pero hacerlo bien. Aunque es un asunto ajeno a Puebla, es el primer intento de regulación local en energía y por eso es relevante.
La instalación de paneles solares en los techos de las casas, negocios, naves industriales, interconectados a la red es una actividad que se llama legalmente Generación Distribuida y que se hace sin permiso siempre que no sean más de 499 kilowatts lo que se instala, que es el equivalente a 999 paneles de 500 watts. Se puede instalar más, pero es otra historia.
Casi todo en la instalación está regulado por la federación, mediante un manual y disposiciones administrativas. Sin embargo, la parte estructural (los fierros sobre los que se instalan los paneles, el calculo de peso, viento, etc) no están regulados y podría interpretarse que, según el artículo 115 Constitucional, esta facultad recae en las autoridades municipales.
De ahí que hay que trabajar al respecto para que esto sea regulado desde los ayuntamientos.
La falta de regulación ha permitido que se instalen módulos sin las instalaciones estructurales necesarias, sin cálculos de viento, pesos o materiales que aseguren que las centrales sean seguras. Hay incluso quien realiza instalaciones de dos pisos de altura, otros con madera, con aluminio diseñado para ventanas o canceles de baño, que fijan con tabiques encima o botes de cemento. Todo esto genera riesgos a los sistemas, los lugares donde se colocan y es algo necesario de atender.
Afortunadamente, pocos han sido los incidentes en este tipo de estructuras a pesar de los cientos de miles de instalaciones ya realizadas a lo largo y ancho del país.
Hace semanas en Jalisco hubo un intento de regulación estructural de los sistemas fotovoltaicos, mediante un reglamento estatal que pasó por consulta pública. Es necesario aplaudir la intención, pero no el proyecto de reglamento.
El reglamento tiene principalmente cuatro defectos:
- Primero, da a los municipios facultades que en realidad son del regulador eléctrico, hasta define baja tensión, un asunto federal.
- Segundo, genera una serie de tareas excesivas al municipio, procesos largos, más burocracia, y manda a hacer cosas que ya se deberían hacer (como el retiro de instalaciones riesgosas, desde protección civil).
- Tercero, el reglamento encarece absurdamente la instalación de paneles solares, porque ahora habría que pagar permiso al municipio, cuando la Ley de la Industria Eléctrica dice que los municipios deberían buscar promover este tipo de actividades.
- Cuarto, crea un Frankenstein, un perito “estructural fotovoltaico”, cuando son actividades de dos profesiones distintas.
La propuesta es delicada cuando además tomamos en cuenta que Jalisco es la entidad líder en instalación de módulos fotovoltaicos en los techos. Una propuesta así, de concretarse, frenaría de golpe la instalación de paneles solares en Jalisco, sin que esto garantice que las instalaciones en adelante se hagan bien.
La intención es buena, pero mal ejecutada.
Afortunadamente en Puebla, como en casi todo el resto del país, la generación distribuida se incentiva, y no hay ideas que limiten, como la de Jalisco. Pero si podría resultar necesario poner orden en zonas como el centro de la capital, para que este tipo de estructuras no impacten los edificios históricos, por ejemplo.
