Durante los últimos años en Puebla se ha registrado el asesinato, la criminalización y el hostigamiento a personas defensoras del territorio, así como las estrategias para dividir a las comunidades y las agresiones en el marco de su labor, especialmente de aquellas comunidades indígenas que resisten frente al despojo y el desarrollo extractivista, industrial e inmobiliario.
Ante este escenario, el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, SJ (IDHIE) de la IBERO Puebla, realizó un análisis sobre la incidencia de agresiones cometidas contra defensores del territorio en el estado, además de las obstaculizaciones a los derechos de pueblos originarios en la región.
En dicho trabajo, realizado en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, se registraron tres homicidios cometidos en contra de personas defensoras del territorio y el medioambiente en Puebla, mismos que fueron perpetrados por agentes de la policía estatal. A la par, se presentaron vulneraciones del derecho de los pueblos originarios a la protesta.
Se observó que las agresiones directas fueron llevadas a cabo mayoritariamente por agentes estatales o por particulares que tenían la tolerancia del Estado. Frente a ello, el Instituto exige a las autoridades garantizar la evaluación y adopción de medidas de protección.
En el documento también se recomienda privilegiar el diálogo como respuesta a las protestas, sin hacer uso de la fuerza, y garantizar la aplicación de los principios de excepcionalidad, necesidad, progresividad y proporcionalidad.
Por último, instaron a las autoridades a implementar la existencia de mecanismos que aseguren el ejercicio del derecho al consentimiento informado bajo el principio de autodeterminación y autonomía de las personas y comunidades indígenas, en especial frente a los intentos de interferencia o presión por parte autoridades o instituciones del Estado, así como entes privados.
