Esta semana, en el Congreso del Estado concluimos el Primer Periodo Ordinario de Sesiones correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Legal de la LXI Legislatura, en el que aprobamos diversas reformas que abonarán a mejorar nuestro entorno y la calidad de vida de las personas.
El Primer Periodo Ordinario de Sesiones considera del 15 de septiembre al 15 de diciembre, un lapso en el que analizamos, discutimos y aprobamos iniciativas en favor de la ciudadanía.
Ejemplo de ello es la nueva Ley de Movilidad y Seguridad Vial, que establece las bases y principios para garantizar la movilidad en condiciones de seguridad vial accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, de calidad, inclusión, igualdad, modernidad e innovación tecnológica. El ordenamiento contempla los principios para la planeación, diseño e implementación de políticas públicas que prioricen la protección de la vida y la integridad física de las personas en sus desplazamientos.
Esta Ley protege a las y los usuarios más vulnerables, pues enlaza la planeación de la movilidad con el desarrollo urbano y establece una responsabilidad compartida para procurar una seguridad vial entre los usuarios, autoridades a cargo de la infraestructura vial, proveedores de vehículos y autoridades a cargo de la aplicación de sanciones.
Derivado de un proceso de Consulta Pública se realizaron reformas a la Ley de Derechos, Cultura y Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas, uno de los puntos centrales es establecer como derecho la consulta previa en todas las medidas legislativas o administrativas que puedan afectar a los pueblos y comunidades indígenas, respetando su autonomía y formas de organización.
A través de las reformas, se promueve la cultura y la lengua de los pueblos y comunidades indígenas, además se enfatiza la necesidad de garantizar la igualdad de oportunidades y acceso a los servicios de salud y educación, con pertinencia cultural y lingüística, por lo que estas reformas representan un paso contra la discriminación y la desigualdad.
En el mismo sentido y también tras una Consulta Pública, se realizaron reformas a la Ley de Educación, indican que ésta debe tener un enfoque intercultural respetando el conocimiento de las lenguas originarias, atendiendo las características y necesidades de las escuelas en contextos indígenas, y fortaleciendo la formación de recursos humanos que fomenten y preserven la cultura de los pueblos y comunidades indígena.
Por otra parte, establecimos las bases para suministrar, intercambiar, sistematizar, consultar, analizar y actualizar la información del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, con el dictamen por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Civil, la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, y la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Durante este periodo, también aprobamos el nombramiento de nuevos magistrados, así como de las y los miembros de la Comisión de Selección que nombrará a los integrantes del Comité Estatal de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción.
