En el marco de la conmemoración de la Constitución de 1917, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador presentó el paquete de 20 iniciativas de reforma a la Carta Magna, para «modificar el contenido de artículos antipopulares que fueron introducidos durante el periodo neoliberal».
Desde el Salón de Plenos, en Palacio Nacional, donde se aprobó la Constitución de 1857, el primer mandatario sostuvo que la esencia de estas normas y nuevos derechos «es reencauzar la vida pública por la senda de la libertad, la justicia y la democracia, cómo lo demandaron y exigieron con sus luchas nuestros antepasados y sus abnegados dirigentes».
Respecto a la iniciativa para que los trabajadores se puedan jubilar con el 100% de su último salario, el titular del Ejecutivo Federal anunció la creación, desde el 1 de mayo, del Fondo Semilla, por 64 mil 619 millones de pesos, el cual se irá incrementando poco a poco y se utilizará «para compensar a los trabajadores afectados por las reformas antilaborales del periodo neoliberal».
Las iniciativas
Uno. Reconocer a los pueblos y comunidades indígenas y a los pueblos afromexicanos como sujetos de derecho público. Consultarlos cuando se realicen obras que puedan afectar su vida o entorno y dotarlos de legitimidad jurídica para recibir recursos del presupuesto y promover acciones de inconstitucionalidad de leyes que les afecten.
Dos. Reafirmar el derecho a la pensión de adultos mayores a partir de los 65 años y aumentar el monto año con año y lo mismo para personas con discapacidad, quienes recibirán una pensión de carácter universal.
Tres. Otorgar becas estudiantes de familias pobres en todos los niveles de escolaridad.
Cuatro. Garantizar atención médica integral de manera gratuita a todos los mexicanos.
Cinco. Que los trabajadores y sus familias puedan ser dueños de sus viviendas.
Seis. Prohibir el maltrato a los animales.
Siete. Proscribir en el territorio nacional la extracción de hidrocarburos a través del fracking, no otorgar concesiones para la actividad minera a cielo abierto.
Ocho. Hacer respetar las zonas con escasez de agua y solo autorizar en ellas concesiones para uso doméstico.
Nueve. Prohibir el comercio de vapeadores y de drogas químicas como el fentanilo, penalizar con severidad el delito de extorsión que lleva a cabo la delincuencia organizada y hacer lo mismo con el delito fiscal ejercido por la delincuencia de cuello blanco, mediante el uso de las llamadas factureras.
Diez. No permitir bajo ninguna circunstancia que el aumento al salario mínimo sea menor a la inflación anual.
Once. El salario mínimo para maestras maestros de educación básica de tiempo completo, así como el de policías, guardias nacionales, soldados, marinos médicos y enfermeras no podrá ser menor a lo que perciben en promedio los trabajadores inscritos al Seguro Social.
Doce. Se propone revertir las reformas de pensiones tanto la aprobada durante el gobierno de Ernesto Zedillo en 1997, como la del 2007 por Felipe Calderón, «porque afectan injustamente a trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social y del ISSSTE, pues les impiden jubilarse con el 100% de su salario.
Trece. Garantizar a los mexicanos el derecho a la educación y al trabajo. En el caso de los jóvenes cuando no estén estudiando, ni tengan oportunidad de conseguir un empleo, el Estado debe contratarlos y pagarles el equivalente a un salario mínimo durante un año, mientras se forman o capacitan en tiendas, talleres, empresas o cualquier actividad productiva del campo o la ciudad, tal como opera actualmente el programa jóvenes construyendo el futuro.
Catorce. Todos los campesinos que quieran cultivar sus tierras sembrando árboles frutales maderables, contarán con un jornal seguro, justo y permanente, como sucede con el programa Sembrando Vida.
Quince. Se utilizarán para trenes de pasajeros los 18,000 km de vías férreas concesionados durante el gobierno de Ernesto Zedillo y actualmente destinados únicamente al transporte de carga. Asimismo, el Estado estará obligado a garantizar el derecho del pueblo a los servicios de internet, ya sea con una empresa pública o a través de concesiones a compañías particulares. En la reforma tambien se le devolverá a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), su carácter de empresa pública estratégica, en beneficio de los consumidores domésticos y del interés nacional.
Dieciséis. La nueva iniciativa de reforma electoral, contempla la reducción de los gastos destinados a campañas y a partidos políticos, la disminución del número de regidores en gobiernos municipales, el que se evite el uso de excesivas estructuras burocráticas electorales y eliminar las candidaturas plurinominales. El Congreso de la Unión se integrará por 300 diputados y no por 500 y el senado se conformará con 64 y no con 128 legisladores como ocurre ahora. Asimismo, tanto los consejeros como los magistrados de los organismos electorales, serán electos por el voto libre directo y secreto de todos los ciudadanos. Se fortalecerá la democracia participativa con la reducción del 40 al 30% de participantes y consultas populares para hacerlas válidas efectivas y vinculatorias, lo mismo aplicará en el caso de la revocación del mandato.
Diecisiete. Jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial, en vez de ser propuestos por el Poder Ejecutivo y nombrados por diputados y senadores en los Congresos, serán electos de manera directa por el pueblo.
Dieciocho. Para evitar que la Guardia Nacional se corrompa como sucedió con la antigua Policía Federal por la falta de doctrina, profesionalismo y lealtad al pueblo, se propone que esta institución forme parte de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Diecinueve. Convertir en política de Estado la austeridad republicana. Se volverá a redactar con mayor claridad y contundencia el artículo 127 de la Constitución, el principio de que ningún servidor público de los Tres Poderes pueda ganar más que lo que perciba legalmente el presidente de la República.
Veinte. Todas las dependencias y organismos on supuestamente autónomos sí autónomos del pueblo no de la oligarquía creados durante el periodo neoliberal con el único propósito de proteger negocios particulares en contra del interés público amigas.
