La decisión de prohibir por seis meses la oferta y la demanda de servicios sexuales en una zona turística de Medellín, medida extraordinaria que busca poner freno a la explotación sexual, sobre todo de menores, ha puesto sobre la mesa la compleja realidad de una ciudad que en los últimos años se ha vuelto atractiva para visitantes que van tras sexo y drogas.
Esta urbe colombiana, reconocida por su transformación urbana, social y cultural para sacudirse de un pasado violento, vive unos días convulsos tras registrarse estremecedores casos de abuso sexual infantil, entre ellos el del estadounidense Timothy Alan Livingston, quien salió del país luego de ser hallado con dos menores de 12 y 13 años de edad en la habitación de un hotel.
Un juez expidió una orden de captura contra Livingston el pasado viernes y el presidente colombiano, Gustavo Petro, anunció a través de su cuenta de X que «el Gobierno pedirá en extradición al Gobierno de los Estados Unidos al pedófilo del hotel de Medellín».
Perfil negativo de turista
Carlos Calle, líder del Observatorio de Turismo de la Personería Distrital de Medellín, dice que esta entidad ha emitido en los últimos dos años un «sinnúmero de alertas», algunas relacionadas con la explotación sexual de menores, flagelo que no han podido contener las autoridades con medidas «inoperantes» como el toque de queda en corredores comerciales de esparcimiento nocturno de sectores como El Poblado.
«Lastimosamente lo tengo que decir: hay un perfil negativo de turista, el que no queremos en la ciudad. Viene porque encuentra en Medellín un lugar donde puede hacer lo que no puede en su país. Encuentra acá una ausencia de institucionalidad para operar».
Precisa que vienen a buscar una oferta de servicios que está «íntimamente ligada con la criminalidad, como lo es la explotación sexual, la prostitución y el tema de estupefacientes», por lo que insta a reformular las «desactualizadas» política públicas relacionadas con turismo en Medellín.
«En 2015 el turismo era de negocio, hoy el turismo que hay es más de ocio y entretenimiento».
De acuerdo con el Observatorio de Explotación Sexual Comercial De Niñas, Niños y Adolescentes (ESCNNA) de la ONG Valientes, en 2023 se reportaron 329 víctimas por delitos asociados a la explotación sexual de menores de edad en Medellín.
La directora de esta ONG, Katherine Jaramillo, explica a EFE que la explotación sexual en contextos turísticos «sucede en todos los territorios turísticos», pero al ser Medellín y Cartagena ciudades mediáticas «se cree que son los únicos territorios en donde sucede este delito».
Pero hay cifras después de pandemia que dejan a la isla de San Andrés, un territorio caribeño del que «poco se habla del delito», con la mayor cantidad de víctimas, según la tasa ESCNNA.
No obstante, señala que se debe «rescatar» a Medellín de la imagen de una ciudad en la que se consigue sexo y droga, «incluso a bajo precio», y rescatar a Colombia de la «mala imagen» de un país en donde no se protegen a los menores.
¿Burdel a cielo abierto?
La escritora colombiana Carolina Sanín levantó ya en 2022 una polvareda con lo que escribió en su cuenta de X: «Medellín, un burdel a cielo abierto. (…) Vengo cada año, y cada año es más impresionante la degradación. Qué tristeza».
En ese momento El Colombiano, el diario más importante de la ciudad, le puso la lupa al asunto y registró en su informe que no hay datos sobre cuántas mujeres ejercen la prostitución en Medellín, pero son «decenas y decenas» de mujeres las que caminan a cualquier hora por la Calle 10 o el Parque Lleras, lugares turísticos de El Poblado, una zona donde se aglomeran los bares y discotecas de perreo.
La presidenta del Sindicato de Trabajadoras Sexuales en Antioquia (Sintrasexa), Valery Parra, apunta que en Medellín no existe una «caracterización integral» de las personas que están ejerciendo actualmente el trabajo sexual.
«No se sabe ni cuántas somos, no están discriminadas las diferentes variables como el grupo etario, nacionalidad, grupo familiar, nivel de escolaridad», sostiene Parra, quien rechaza la decisión de la Alcaldía de Medellín de suspender la oferta y la demanda de servicios sexuales, pues siente que están «confundiendo» la explotación sexual, la trata de personas, el proxenetismo y la ESCNNA con el ejercicio libre y voluntario del trabajo sexual de mayores de edad.
Si bien el sindicato «rechaza todo delito sexual», Parra precisa que «el turismo sexual ha existido por décadas y no lo van a derrumbar de la noche a la mañana con acciones punitivas», además insta a la construcción de una política pública del trabajo sexual en la ciudad y a hacer un seguimiento y veeduría a los hoteles, hostales y moteles para evitar la vulneración de menores.
Fotos: EFE
