Stella Assange dijo este miércoles que el proceso de extradición contra su esposo, Julian Assange, «es un abuso de la ley» y opinó que los jueces británicos que lo dirimen «piensan en su carrera profesional».
La abogada realizó estas afirmaciones al término de una rueda de prensa con motivo de una nueva vista judicial el próximo lunes, en la que el Tribunal Superior de Londres sopesará si autoriza su entrega a Estados Unidos o, por contra, le permite seguir recurriendo en el Reino Unido.
El director en funciones de WikiLeaks, Kristinn Hrafnsson, mantuvo en ese encuentro con periodistas que el caso, que se remonta a la detención inicial de Assange a petición de Suecia en 2010, «está amañado contra Julian» y refleja «una corrupción institucional».
Stella Assange adujo que, desde que la Administración estadounidense reclamó formalmente su extradición en 2019, la Justicia británica le ha dado «infinitas oportunidades para modificar sus argumentos».
«Hay una enorme presión política porque, generalmente, lo que quiere Estados Unidos, las cortes británicas lo aceptan. El tratado (de extradición) entre los dos países va muy a favor de Estados Unidos, pero, aparte de esto, también los jueces a nivel individual piensan en su carrera profesional. Una decisión a favor de mi marido sería difícil para la carrera del juez. No debería ser así, pero si miras el perfil de los que ascienden, puedes leer entre líneas».
La letrada sueco-española dijo no obstante que mantiene la esperanza de que los jueces Victoria Sharp y Adam Johnson fallen eventualmente a favor de su esposo, que lleva cinco años en prisión preventiva en la cárcel londinense de Belmarsh, más otro decenio previo en cautiverio primero bajo arresto domiciliario y de 2012 a 2019 en la embajada ecuatoriana en Londres.
En la próxima vista, en la que podría estar presente Assange, los magistrados examinarán si admiten o rechazan las «garantías» ofrecidas a última hora por Estados Unidos sobre el tratamiento que recibirá en ese país, que le acusa de dieciocho delitos de espionaje e intrusión informática por las revelaciones de su portal WikiLeaks.
Si las acepta, darán luz verde a su entrega, que ya fue aprobada por el Gobierno británico en junio de 2022 y podría ejecutarse con efecto inmediato.
Si las rechaza, le permitirán volver a recurrir en un nuevo juicio en Inglaterra, con base solo en el contenido de esas garantías que Washington presentó el pasado abril y que la defensa ya ha tachado de insuficientes.
Como parte de esas «garantías», el Gobierno estadounidense aseguró que, si Assange es extraditado, «no se verá perjudicado por razón de su nacionalidad» no estadounidense y se comprometió a que no se le aplicará la pena de muerte, pues los delitos que se le imputan no reclaman esa pena.
Además, «podrá plantear e intentar ampararse durante el juicio en los derechos y protecciones que ofrece la Primera Enmienda» de la Constitución estadounidense, que garantiza la libertad de expresión, si bien en este caso matizó que la decisión sobre si ésta se le aplica o no «corresponde exclusivamente a los tribunales de Estados Unidos».
La defensa alegará el lunes que esto no supone una garantía satisfactoria de que su cliente gozará de los mismos derechos constitucionales que cualquier ciudadano estadounidense.
Fotos de EFE
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