Por: Dr. Ivan Díaz González
Los transferencias y cargos no reconocidos son un mal común tanto en medios físicos como en el ciberespacio. De acuerdo con la CONDUSEF, la cifra de contracargos por compras autorizadas alcanzaron los 3.3 mil millones de pesos en 2023. Sin embargo, estos datos son solo una parte de los eventos que se pueden incluir en las estadísticas, ya que hay otros que el usuario de servicios financieros no puede identificar o bien que no se denuncian.
Para prevenir este tipo de eventos lo más importante es tener cuidado con la información qué y a quién proporcionamos. Para ello es necesario conocer que las instituciones financieras no llaman por teléfono, ni envían mensajes para informar que se está cometiendo un fraude o que se tienen cargos pendientes de desbloqueo. Si bien, existen operaciones que pueden generar algún mensaje de SMS o correo electrónico, comúnmente son notificaciones para comunicarse con el banco o acudir a una sucursal, por lo que es recomendable tener guardado el número de teléfono del banco, y nunca seguir enlaces que vengan incluidos. De igual forma, se recomienda no instalar aplicaciones en los dispositivos o en el navegador web, que no vengan de fuentes oficiales y mantener siempre activo un antimalware en la computadora y teléfono.
En caso de que no se haya podido prevenir, es importante de primera instancia levantar un reporte con la institución financiera y saber que se puede llevar a cabo un proceso de conciliación con la CONDUSEF y en caso de que sea negativo, solicitar el apoyo de la Defensoría Legal a través de la misma instancia o bien iniciar un proceso Mercantil a través de un abogado privado después del reporte a la institución financiera y la negación de la restitución del daño. Es de señalar, que en todo momento es importante mantenerte asesorado legalmente para no cometer errores que puedan provocar una afectación a mayor esfera jurídica o patrimonio.
Bajo este panorama, la Universidad Anáhuac Puebla presenta el diplomado en Estrategias de Ciberseguridad, como una respuesta a las necesidades de organizaciones y particulares para hacer frente a las problemáticas de seguridad de la información, ofreciendo al participante tanto herramientas tecnológicas como conocimientos en materia regulatoria, para afrontar estos desafíos.
Docente de la Escuela de Derecho de la Universidad Anáhuac Puebla
