En América Latina hay dos procedimientos de elección de jueces y esto tan sólo sucede en dos países: en Ecuador – de manera indirecta- a través de consejos populares electos que nombran a los jueces y ministros; y, en Bolivia donde hay votación directa del electorado.
En los dos países el nivel de cuidado legal en los asuntos que se ven en los juzgados ha decaído brutalmente y los fallos son a favor del gobierno. Es una justicia a modo, pues los nominados por el gobierno son los electos por la maquinaria electoral oficialista. El electorado no oficialista no tiene interés en ir a votaciones amañadas y en donde es obligatorio ir a votar – lo que es el caso de Bolivia- la anulación de boletas supera el 60%.
Así, en esos países los contrapesos judiciales han desaparecido, la llegada de inversión extranjera y la generación de empleos se ha detenido y el oficialismo actúa con desprecio contra particulares, empresas y la oposición. Se han vuelto estos dos países en prácticamente dictaduras.
En México parece ser que la 4T quiere imitar estos «malos» modelos latinoamericanos ante el desprecio al Estado de Derecho y el cumplimiento de la ley. En lugar de esforzarse por cumplirla, quiere jueces a modo que siempre le den la razón. Eso es simplemente muy peligroso para México y las bancadas del PRI en la actual y la siguiente Legislatura votaremos en contra de la reforma judicial si no tiene modificaciones sustanciales que respeten la división de poderes y la carrera judicial.
El viernes 12 de julio, en el día del abogado, todas las asociaciones de juzgadores federales se pronunciaron en contra a la reforma y, con justa razón, señalaron que los foros deliberativos que se están desarrollando son meras simulaciones. Su argumentación es poderosa, pero sobre todo es apegada a la realidad.
El gobierno, en una actitud manipuladora, ha utilizado las conferencias presidenciales, las mañaneras y los medios públicos federales para satanizar a los juzgadores y a todo el aparato judicial. Sencillamente la 4T no quiere cumplir con ninguna regla y quiere jueces a modo destruyendo la carrera judicial.
Al PRI, cuando gobernaba y también ahora que no lo hace a nivel federal, el Poder Judicial Federal (PJF) le ha dado fallos negativos de gran importancia. Pero siempre acatamos sus sentencias y nunca buscamos revanchas contra ellos. El PRI, también, cuando en 1995 reformó la Constitución y modificó la composición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo hizo con el consenso de todas las fuerzas políticas y del propio PJF. Buscamos pues lo mejor para el país y se consensó en ello.
Hoy en día se quiere destruir a un Poder del Estado, sencillamente por cumplir con su cometido constitucional: hacer cumplir la ley y frenar abusos oficiales.
La reforma judicial que, desde la 4T, y en particular desde la Presidencia de la República, se ha planteado es mala para el país y acabará siendo también mala para el siguiente gobierno al afectar la inversión nacional y extranjera, a causa de la incertidumbre legal que se va a generar. Con lo que la generación de empleos y el crecimiento económico deseado no se habrán de materializar. Afectando también, de manera muy injusta, los derechos y las expectativas de más de 54 mil familias, en donde alguno de sus integrantes está en el PJF.
En el PRI estaremos atentos a las propuestas que desde el PJF se generen, veremos el tema con la mayor seriedad y preocupación. Pero con la redacción actual, al no respetarse la carrera judicial, al querer tener jueces a modo, al no haber elementos para asegurar que las personas más preparadas nos brinden justicia y al violentar derechos laborales y, sobre todo, la expectativa de una mejor justicia y de un mejor país, con contundencia decimos que no apoyaremos semejante despropósito.
