Por Magistrada Presidenta de la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana -ATERM AC- e integrante del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Puebla
Los derechos humanos son esenciales en la vida de cualquier persona y son intrínsecos a todos por el simple hecho de pertenecer al género humano, sin distinción de sexo, nacionalidad, origen, religión, lengua o cualquier otra condición.
El respeto hacia los derechos humanos de cada persona es un deber de todas y todos. Las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos consignados en favor del individuo.
Los derechos humanos incluyen tanto derechos como obligaciones. El Estado asume las obligaciones y los deberes, en virtud del derecho internacional, de respetar, proteger y realizar los derechos humanos.
La obligación de respetarlos significa que el Estado debe abstenerse de interferir en el disfrute de los derechos humanos o de limitarlos. La obligación de protegerlos exige que el Estado impida los abusos de los derechos humanos contra individuos y grupos. La obligación de realizarlos significa que se deben adoptar medidas positivas para facilitar el disfrute de los derechos humanos básicos.
Por su parte, los derechos político-electorales son aquellos derechos fundamentales que se han desarrollado en México para lograr la participación directa de la ciudadanía en todos los procesos electorales para los cargos de elección popular. Dentro de ellos, destacan los derechos de asociación y reunión con fines políticos, el derecho de petición a las autoridades, los derechos de participación, así como el derecho a elegir y ser elegido conforme a las leyes.
Inclusive, en el artículo 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, se establece el derecho de las personas de participar en el gobierno y en la dirección de asuntos públicos de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos.
Estos derechos político-electorales también son considerados fundamentales porque permiten el ejercicio de la participación política para establecer un sistema de gobierno, elegir representantes políticos, ser elegidos y ejercer cargos de representación, definir políticas públicas, y controlar el ejercicio de la función pública de sus representantes.
