Uno de los aspectos primordiales para una correcta impartición de justicia es el respeto al principio de división de poderes, así como a la independencia judicial. Esto implica que cada juzgadora o juzgador no vea disminuida su capacidad de resolver los asuntos sometidos a su conocimiento por influencias provenientes de los otros poderes del Estado. Es decir, juezas y jueces deben dictar sus resoluciones sin injerencia externa de ningún tipo.
El funcionamiento de los tribunales electorales en México es esencial para la protección de los derechos político-electorales y las libertades. En ese sentido, la autonomía e independencia se traducen en contrapesos esenciales frente a los otros poderes públicos, asegurando que las leyes del legislativo y los actos del ejecutivo respeten los derechos humanos y el estado de derecho.
Un ejemplo de lo anterior es la autonomía de la que gozan los órganos electorales en México, la cual ha sido impulsada por la necesidad política de depositar en una autoridad independiente de los partidos políticos y del gobierno en el desarrollo de las elecciones. La aparición y consolidación de estos órganos constituyen un proceso exitoso de transición a la democracia.
Sobre esto, vale la pena mencionar que el 30 de enero de 2023, la Corte Interamericana de Derechos Humanos publicó una sentencia de gran trascendencia para la justicia electoral. Esta sentencia es de gran relevancia para México, ya que este tribunal internacional orienta a nuestro país a fortalecer la autonomía e independencia funcional de los tribunales electorales.
La resolución conocida como el caso Aguinaga Aillón vs. Ecuador aborda el tema central de la autonomía e independencia que los Estados firmantes de la Convención Americana de Derechos Humanos (entre ellos México) deben garantizar a los tribunales electorales, ya que estas son garantías para su correcto funcionamiento.
Por ello, la independencia e autonomía son presupuestos básicos para el adecuado funcionamiento de los tribunales electorales, son garantías instauradas para impedir injerencias de los otros poderes del Estado en la resolución de los asuntos sometidos a su conocimiento.
Por ello, la independencia y autonomía son presupuestos básicos para el adecuado funcionamiento de los tribunales electorales. Estas garantías se instauran para impedir injerencias de los otros poderes del Estado en la resolución de los asuntos sometidos a su conocimiento.
Presidenta de la Asociación de Tribunales Electorales
de la República Mexicana y Magistrada del
Tribunal Electoral del Estado de Puebla
