Cuando el pasado 2 de junio los ciudadanos elegimos un modelo de país para los próximos años, nunca pensamos que este modelo venía con una pequeña sorpresa, la posibilidad de incluir en el paquete ¡una máquina del tiempo!
Y es que, aunque la coalición política ganadora obtuvo un triunfo contundente en la elección que les permite tomar decisiones importantes y realizar algunos cambios, nuestra constitución en su artículo 54 garantiza que cualquier cambio trascendental, como los que se hacen a la misma Constitución, tomen en cuenta a las minorías, en su justa proporción.
Es decir, que estén representadas proporcionalmente y que su voz no sea aplastada por una mayoría que imponga un solo pensamiento, intereses particulares e ideología en un país plural y diverso como el nuestro.
Esta garantía, como muchas otras, no es gratis, no nos cayó del cielo, la conquistamos los ciudadanos, todos, juntos peleamos por derechos y libertades que ahora parece que siempre estuvieron ahí. Pero no, llevaron décadas de lucha y sacrificio conquistarlas.
Permitir que la coalición política encabezada por MORENA, que obtuvo el 54 por ciento de los votos, reciba el 75 por ciento de las curules en la Cámara de Diputados, mientras a la oposición que obtuvo el 46% de los votos recibiría sólo el 25 por ciento de los asientos, va en contra de la voluntad de la ciudadanía que votó por un Congreso con equilibrios.
Con ello, la coalición en el poder puede aprobar, sin ninguna restricción ni consenso, reformas constitucionales que pueden ir en contra de los otros poderes del Estado, como es el caso de la autonomía del Poder Judicial, la desaparición de los órganos autónomos y las autoridades electorales. Es como regalarles una máquina del tiempo que les permita retroceder el país 50 años en cuestión de garantías, derechos y libertades.
Nadie cuestiona el triunfo de la virtual Presidenta Electa Claudia Sheinbaum y estamos claros en que los procesos electorales del pasado 2 de junio son el reflejo de la voluntad de la ciudadanía. Sin embargo, en el caso de la conformación de la Cámara de Diputados, la Constitución establece dos limitaciones esenciales: ningún partido puede tener una sobrerrepresentación mayor al 8% ni contar con más de 300 diputados en total. Consideramos que estas limitaciones del artículo 54 son aplicables tanto a partidos políticos individuales como a coaliciones electorales, garantizando así una representación justa y equilibrada en el Congreso.
Es crucial que las autoridades electorales revisen la Constitución en su conjunto y no solo una palabra o un artículo. Una interpretación adecuada evitará regresiones a épocas en las que el control de un solo partido impedía la suficiente representación de la oposición y, por lo tanto, reducía y afectaba la vida democrática en nuestro país.
Si el INE considera a una coalición como una unidad política única para limitar los gastos de campaña, es lógico y coherente que esta misma consideración se aplique en otros aspectos del proceso electoral, como la asignación de curules y así evitar la sobrerrepresentación.
La Constitución no debe ser interpretada de manera restrictiva, aplicando el 8% de sobrerrepresentación a cada partido individualmente dentro de la coalición. En cambio, debe respetarse el máximo de 300 diputados y el límite del 8% de sobrerrepresentación para la coalición en su conjunto.
Desde Coparmex Nacional y los distintos Centros Empresariales de todo el país, en una CARTA PÚBLICA retomamos estos puntos y hacemos un llamado al INE y al TEPJF para respetar la voluntad de los ciudadanos en la conformación de la próxima Cámara de Diputados.
En ella también les comprometemos a actuar con responsabilidad y compromiso en la defensa de la democracia y la justicia electoral. Ya que la decisión que tomen en la asignación de las diputaciones marcará el rumbo del país y puede abrir la puerta a un cambio de régimen político por parte de una mayoría que, si bien ganó los comicios, no tuvo un cheque en blanco en la votación para la integración de la Cámara de Diputados.
El Congreso debe reflejar auténticamente la riqueza y pluralidad mexicanas. Confiamos en su compromiso con la democracia, las libertades y los derechos humanos de los mexicanos.
Organismos empresariales y de la sociedad civil deben involucrarse positivamente en los temas que nos afectan como ciudadanos, somos contrapesos legítimos y naturales.
¿Si no nosotros, quién?
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