El año pasado, en una sesión del Consejo de la Coparmex, platicaba en corto con un alto funcionario de la Comunidad Económica Europea, y aunque el tema de la reunión era economía circular, con la confianza que dan un par de mezcales le pregunté si la inseguridad era un freno para la llegada de inversión europea a México. En mi cabeza la respuesta me parecía obvia y quizá, inconscientemente, estaba buscando validarla con alguien de este perfil.
Palabras más, palabras menos, me dijo algo como: Sí claro, esto afecta, pero para las empresas europeas la inseguridad es un gasto y se presupuesta, podemos blindar los autos de nuestros ejecutivos, bardas más altas, acompañamiento de nuestras mercancías en las carreteras, cámaras, seguros, etc. Si los números dan, entonces avanza el proyecto y aterriza en México. Contra lo que no podemos hacer nada, y esto sí es un freno a la llegada de nuevas inversiones, es con la falta de estado de derecho y con la debilidad de las instituciones.
Una afirmación pragmática, simple y lógica que nos lleva a una serie de reflexiones. Primero, la inseguridad para la inmensa mayoría de las empresas mexicanas no puede ser manejada como un gasto, por supuesto que se gasta mucho en ella, pero aun así los recursos son muy limitados, son apenas un curita rebasado en una hemorragia arterial. Segundo, la inmensa mayoría de las empresas mexicanas no tiene opción de instalarse en otro país por lo que, aunque el presupuesto no dé, deben operar aquí y asumir los riesgos. Tercero, sin duda, para la gran mayoría de las empresas mexicanas la inseguridad se para en la fila hasta adelante. ¿Pero, y la ausencia de un estado de derecho nos pega a las empresas mexicanas?
Se me ocurre un ejemplo, así, casual. Los bloqueos a las autopistas México-Puebla y Arco Norte de la semana pasada son el más reciente capítulo de una descomposición de nuestro estado de derecho y de la falta de eficacia, estoy siendo amable, por parte de nuestras autoridades.
Durante cuatro días, un grupo de personas con motivaciones legítimas o no, estranguló el centro del país, bloqueando sus dos principales vías de comunicación, paralizando el transporte de mercancías y de personas, con afectaciones millonarias a cientos de empresas, industrias, comercios y ciudadanos.
Peor aún, en estos cuatros días hubo miles de mujeres, hombres, niños, familias, personas de la tercera edad, enfermos que se trasladaban a recibir tratamientos médicos, personas que viajaban al aeropuerto, por citar algunos ejemplos, que se vieron literalmente secuestrados en medio de la carreta, sin comida, sin agua, sin servicios sanitarios, con temor a la inseguridad, no olvidemos la zona en que estaban varados. Ciudadanos que, sin deberla, ni temerla, fueron usados como rehenes, durante decenas de horas, en una “negociación” que nunca les tomó en cuenta.
Por un lado, el grupo de los “afectados” que reclamaba un pago por parte del gobierno, insisto en que no estoy valorando la legitimidad de este reclamo, y por el otro, un gobierno que desde Palacio Nacional se envalentona y afirma que no se deja chantajear y que por él pueden quedarse ahí el tiempo que quieran. En el medio unos miles de ciudadanos afectados directamente y millones indirectamente.
Al final, después de cuatro días, finalmente se liberaron las vías, los términos de las negociaciones que llevaron a ello no se saben y tal vez nunca se sepan, puede ser una bomba de tiempo, ya veremos. Tampoco queda claro quién lo logró, sería bueno saberlo, primero se dijo que los transportistas habían conseguido la apertura de un carril por 2 horas, después fue la Secretaría de Gobernación estatal la que anunció la liberación total de la vía. En Palacio Nacional no se enteraron, siguen entrapados con el Sr. Mayo y sus declaraciones.
Mientras tanto, los ciudadanos recogemos la basura de la fiesta que se organizaron, aunque revisamos algunas de las facturas que nos dejaron, aún no sabemos cuánto nos va a costar, lo que sí sabemos es que las vamos a pagar otra vez nosotros, los ciudadanos.
En el sector empresarial hay que irnos preparando para los pagos, en primer lugar, podemos ver que las micro, pequeñas y medianas empresas son las que acusarán más fuerte el golpe, confiamos en su espíritu de lucha y perseverancia para que sigan operando y manteniendo los empleos que generan.
Las grandes empresas también fueron afectadas, no es cosa menor, además del impacto económico directo, su misma dinámica industrial de muchas de ellas compromete sus procesos logísticos y una afectación de este tipo los pone contra la pared, sin duda le darán la vuelta a la situación, pero qué necesidad de ponerlos a sufrir, facilitemos su labor como grandes motores económicos y de desarrollo en la región.
¿Y los ciudadanos qué? los empresarios como cualquier otro ciudadano empatizamos con todos aquellos que sufrieron en carne propia quedar varados por más de 20 horas ahí, sin servicios, sin comida, expuestos, vulnerados sus derechos humanos, los de sus familias, sus pérdidas de oportunidades, trabajos, citas médicas, viajes, etc., nos preocupamos por lo que vivieron y porque sabemos que pudimos ser cualquiera de nosotros… o podremos ser…
Pero hay otra afectación qué de momento no podremos estimar, se trata de lo que da pié a este texto y que debe llevarnos a contestar unas cuantas preguntas: ¿Qué pensarán las grandes empresas europeas, asiáticas o americanas, sobre nuestro estado de derecho?, ¿La vecindad con Estados Unidos es tan atractiva como para que un hecho así no pese negativamente en su decisión para venir a invertir a México?, ¿Podemos calcular el número de empleos de alta calidad que esto implica?
Lo hecho, hecho está, nadie nos devuelve los días perdidos, pero ojalá podamos juntar las facturas que estamos pagando y cobrárselas en algún momento, a quien le corresponde pagarlas. En país con estado de derecho pleno así sería.
Ahora nos toca mirar hacia adelante. Exigir a la autoridad que asuma su responsabilidad y atienda de manera inmediata los reclamos populares, que en nuestro querido México son miles, y muchos legítimos. Cuatro días para resolverlo es un crimen, social y económico. No le pedimos a la autoridad que, en estos casos, ni en ninguno, que trance o se deje chantajear, tampoco que reprima, esto se atiende con protocolos establecidos previamente, dialogando con empatía y profesionalismo, con valor y con la ley en la mano, respetando los derechos humanos.
Para eso están en esos puestos, para eso fueron elegidos, nombrados o contratados, sabemos que no es fácil, pero es necesario, indispensable que no volvamos a vivir algo así. Si no pueden, les recuerdo, que también es corrupción aceptar un puesto para el que no tienen las competencias.
En otra ocasión platicamos sobre economía circular, es un tema increíble y hacia allá deberíamos apostar si queremos mejores cosas sucedan en México.
¡Un abrazo!
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