El gobierno de Estados Unidos no permitirá que las personas de Cuba, Nicaragua, Haití y Venezuela que llegaron al país con un programa conocido como «parole humanitario» puedan extender el beneficio migratorio por más de dos años, informó a EFE una portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Más de medio millón de personas de estas cuatro nacionalidades han entrado al país bajo el programa, que comenzó en octubre de 2022 para venezolanos y se extendió a las otras tres nacionalidades en febrero de 2023.
La decisión, anunciada a menos de un mes de las elecciones del 5 de noviembre, llega en medio de una lluvia de críticas a ese plan por parte de los republicanos y de su candidato a la presidencia, Donald Trump, quien aseguró además que de ser elegido acabaría con el beneficio.
El «parole», para el que se necesita tener un patrocinador en EE.UU., otorga a los beneficiarios un permiso para entrar y trabajar legalmente en el país por un periodo de dos años.
Al término de este plazo, las personas en este programa que no hayan aplicado a otro beneficio migratorio «deberán salir de EE.UU. antes de que venza el periodo autorizado (…) o serán colocadas en procedimientos de deportación», explicó la portavoz de DHS, Naree Ketudat.
El Gobierno de Joe Bien lanzó este programa como parte de su estrategia para frenar la migración hacia EE.UU., a la misma vez que comenzó a imponer restricciones al asilo en la frontera con México.
La administración también ha usado la figura del «parole»- contemplada en la ley de Nacionalidad e Inmigración – para permitir la entrada de personas de Afganistán y Ucrania. Sin embargo, a diferencia del programa para latinoamericanos, a estas otras dos nacionalidades sí se les permitió extender su estatus.
Unos 110.000 cubanos, 210.000 haitianos, 93.000 nicaragüenses y 117.000 venezolanos han entrado a EE.UU. bajo este programa, según los últimos datos proporcionados por DHS.
¿Qué pasará con los migrantes cuándo se acaben los dos años?
El «parole», argumentó un funcionario de DHS a EFE, es «temporal por naturaleza» y está pensado para que las personas puedan trabajar al mismo tiempo que les da la oportunidad «de buscar otras maneras de obtener beneficios migratorios u otros alivios migatorios, como el asilo o el TPS».
Los migrantes de Venezuela y Haití que hayan llegado al país con «parole» antes de julio de 2023 y junio de 2024, respectivamente, pueden aplicar a un TPS. Los cubanos pueden obtener una residencia temporal a través de la ley de ajuste cubano.
Para los nicaragüenses no existe ningún tipo de beneficio específico a su nacionalidad, por lo que deberían solicitar asilo u otro tipo de estatus migratorio.
Lo mismo sucede con los venezolanos que llegaron antes de que estuviera vigente para ellos el TPS, que según el Gobierno serían más de 50.000 personas.
Una cierta inestabilidad
Aunque coinciden con la lectura del Ejecutivo de que el programa estaba pensado para ser «temporal», expertos consultados por EFE describieron preocupaciones sobre las consecuencias que la decisión puede suponer para más de medio millón de migrantes con «parole».
«Algunos podrían quedarse sin un estatus legal o perder la habilidad para trabajar mientras tanto», señaló a EFE Yael Schacher, directora para América de la organización Refugees International.
Muchos beneficiarios de este programa, añadió la experta, no han postulado todavía a otro tipo de alivio y ahora van a tener que apresurarse para solicitarlo.
El programa del «parole», recordó Aaron Reichlin-Melnick, abogado experto en migración en el American Immigration Council, nació como parte de un acuerdo entre EE.UU. y México para expulsar a 30.000 migrantes de estas nacionalidades cada mes al lado mexicano de la frontera.
«EE.UU. creó este programa a petición de México. (…) Es la otra cara de la moneda de la imposición de la ley migratoria en la frontera», señaló el experto.
EFE
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