La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (Jufed) denunció este lunes que la reforma judicial mexicana «compromete» el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y vulnera el Acuerdo de asociación económica con la Comunidad Europea.
En un comunicado, la organización señaló que la reforma, que dicta la elección de jueces a través del voto popular a partir del 1 de junio de 2025, representa un “grave retroceso democrático y jurídico”.
Apuntó que la reforma, al eliminar la independencia judicial, compromete “seriamente” el cumplimiento de los tratados internacionales firmados por México como el T-MEC y el Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación con la Comunidad Europea y sus Estados miembros.
La Jufed precisó que la reforma, promulgada el 15 de septiembre, presenta “varios impactos preocupantes”, entre ellos, que no respeta la especialización y competencia de los tribunales actuales en áreas críticas para los acuerdos comerciales, como telecomunicaciones, propiedad intelectual y medio ambiente.
Esto, alertó, puede afectar la capacidad de México para cumplir con sus obligaciones bajo el T-MEC, que se revisará en 2026.
Además, señaló que la independencia e imparcialidad de los tribunales está en riesgo, lo que es requisito fundamental del capítulo 23 del tratado.
Recordó que la reforma laboral, aprobada en 2019, había representado un avance hacia el sistema de justicia laboral autónomo y especializado, pero la reforma judicial “destruye esos logros” al debilitar la profesionalización y especialización de los juzgadores.
Ante ello, hicieron un llamado “urgente” a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a que cumpla con su responsabilidad “histórica” de defender la independencia judicial.
Asimismo, instaron a las Naciones Unidas, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a «los Gobiernos democráticos del mundo» a condenar este “retroceso democrático”, que coloca a México “del lado de las autocracias”.
“Hacemos un llamado a la sociedad y a la comunidad internacional a no permanecer en silencio ante este golpe de Estado franco y abierto”.
Asociación de jueces.
La Jufed está en contra de la reforma, que a partir del 1 de junio de 2025 instaurará elecciones populares del Poder Judicial, porque argumentan que afectaría la carrera judicial y permitiría la intromisión del Ejecutivo y grupos de interés.
Esta reforma ha levantado las críticas de diversos organismos internacionales que aseguran que pone en riesgo el Estado de derecho en el país.
Foto de EFE.
