En México, los derechos de las mujeres se han vuelto tema de campaña, de discursos grandilocuentes y de promesas que se desvanecen apenas concluyen las elecciones. Pero la igualdad sustantiva, esa que necesitamos y exigimos, no es algo que se logre con frases vacías ni con presencia decorativa de mujeres en el poder. La verdadera agenda de las mujeres exige cambios profundos y sostenidos, hechos, no palabras, y sobre todo, un compromiso que no se diluya en promesas.
Esta semana, la presidenta Claudia Sheinbaum impulsó una reforma constitucional histórica en materia de igualdad sustantiva, derechos de las mujeres y perspectiva de género. Su objetivo es acabar con las barreras estructurales que limitan el desarrollo pleno de las mujeres, y así, consolidar una sociedad donde la igualdad no sea un ideal inalcanzable, sino una realidad. Esta reforma a los artículos 4°, 21, 41, 73, 116 y 123 de la Constitución busca cambiar el fondo, no solo la forma.
La reforma de Sheinbaum va más allá de la igualdad formal; establece un derecho a la igualdad sustantiva que permita a las mujeres no solo tener acceso, sino eliminar las barreras que históricamente las han limitado. De igual forma, introduce el deber del Estado de garantizar una vida libre de violencia para todas las mujeres, adolescentes y niñas, y reconoce explícitamente el derecho a la seguridad y protección. Esta no es solo una declaración; es una guía para políticas públicas que fortalezcan el entorno y garanticen la vida digna para nosotras.
Uno de los puntos más trascendentales de esta reforma es la lucha por erradicar la brecha salarial de género. La modificación al artículo 123 establece que a trabajo igual debe corresponder un salario igual, con mecanismos que finalmente hagan cumplir esta norma en todos los sectores. La brecha salarial ha sido una de las injusticias más persistentes, y a menudo silenciada, en nuestra sociedad. Esta reforma no busca «promover» la igualdad en el salario, sino asegurarla de una vez por todas, porque las mujeres no merecemos menos por el mismo esfuerzo.
Esta iniciativa también incluye modificaciones para que los nombramientos de altos cargos y organismos autónomos se realicen bajo un principio de paridad de género. La presencia femenina en posiciones de poder no debe ser solo para llenar un porcentaje; debe ser una representación real, capaz de incidir y de tomar decisiones en beneficio de todas y todos. La paridad no es un número; es una condición para que nuestras voces, experiencia y conocimiento transformen las estructuras de poder.
Además, esta reforma reconoce que la violencia contra las mujeres va mucho más allá de los hechos aislados. Por eso, el artículo 116 establece que las instituciones de justicia deberán contar con fiscalías especializadas en violencia de género. Con esto, se plantea un cambio fundamental en el tratamiento de los casos de violencia contra mujeres y niñas, abriendo el camino para investigaciones efectivas y con una perspectiva de género que entienda y atienda nuestra realidad.
No es casualidad que esta propuesta sea tan ambiciosa. Por años, el sistema ha preferido evadir la realidad de las mujeres y nuestra lucha, limitándose a promesas que nunca se cumplen. Se nos dice que «llegará el momento», pero ese momento nunca ha llegado para millones de mujeres que enfrentan discriminación, violencia y desigualdad todos los días. Las propuestas sin sustancia ya no tienen cabida en una agenda de justicia para las mujeres. No podemos ni vamos a esperar más.
A diferencia de discursos y promesas que quedan en el olvido, esta reforma plantea hechos concretos que garanticen el derecho a una vida plena y libre para las mujeres. La seguridad, el acceso a un trabajo digno, a salarios justos y a vivir sin violencia son derechos que deben protegerse con acciones firmes y concretas, no con discursos ni con simulaciones.
Sabemos que implementar una reforma de esta magnitud será un desafío y que existen resistencias culturales y sociales que frenan el avance hacia la igualdad real. Los costos de poner en marcha fiscalías especializadas, programas de igualdad salarial y políticas de seguridad con perspectiva de género son significativos, pero la dignidad, la vida y la justicia para las mujeres no tienen precio. Esta es una inversión en un México justo, donde las mujeres podamos vivir en condiciones dignas y seguras.
La Cuarta Transformación se ha comprometido con una agenda de mujeres que no se basa en palabras, sino en hechos. Con esta reforma, demostramos que el compromiso con los derechos de las mujeres no es una promesa que se diluye, sino una lucha constante, real y con resultados visibles. Las mujeres en México necesitamos cambios profundos, no presencias vacías ni agendas oportunistas. La verdadera justicia para nosotras se construye día a día, con leyes que se cumplen y con acciones que realmente protejan nuestra dignidad y nuestros derechos.
Esta es la verdadera lucha por los derechos de las mujeres: una en la que los hechos hablan por sí solos y donde el cambio, aunque desafiante, es la única opción para alcanzar una igualdad auténtica.
