La Cámara de Diputados de México aprobó este jueves la reforma a la Constitución para ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, que ahora incluirá la extorsión y los delitos que tengan que ver con la elaboración y distribución de drogas sintéticas, como fentanilo.
La aprobación, con 335 votos a favor y 108 en contra, ocurrió tras un debate de más de 12 horas que se prolongó hasta la madrugada y en el que el oficialismo aceptó remover del catálogo los crímenes de narcomenudeo (venta minorista de drogas) y defraudación fiscal, lo que implicaba encarcelar a acusados de no pagar al fisco.
La iniciativa, propuesta por el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) el pasado 5 de febrero, forma parte del paquete de 20 reformas, que contemplan, entre otras, cambios al sistema de pensiones, la subida del salario mínimo, la elección popular de la Suprema Corte y la eliminación de reguladores autónomos.
En la discusión, el diputado Leonel Godoy, del gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena), consideró que la prisión preventiva oficiosa es una necesidad de la coyuntura, al afirmar que ha contribuido a disminuir el homicidio doloso, el feminicidio y las lesiones dolosas por disparo de armas de fuego.
El único delito que se mantuvo al alza en el Gobierno de López Obrador, razón del dictamen, es la extorsión en su modalidad de ‘cobro de piso’, que hace el crimen organizado a los comerciantes.
«Es un cáncer en este momento para la sociedad mexicana, para empresarios, trabajadores, productores, comerciantes, gobiernos municipales y debe sancionarse».
Leonel Godoy.
En contraste, el diputado del opositor Partido Acción Nacional (PAN), Fernando Torres, aseguró que «no existe evidencia alguna que demuestre que la prisión preventiva oficiosa logre reducir la comisión de delitos».
Denunció que, con el dictamen, se hace creer que delitos graves como el tráfico de drogas se van a resolver «cuando lo que se requiere es un gobierno eficiente y eficaz».
En su turno, la diputada Irma Garay, del oficialista Partido del Trabajo (PT), indicó que la prisión preventiva oficiosa evita que supuestos responsables de delitos graves evadan la justicia y con la reforma se fortalecerá al incorporar la extorsión y los relacionados con el tráfico de drogas sintéticas, al catálogo de delitos.
Mientras que el diputado del opositor Partido Revolucionario Institucional (PRI), Arturo Yáñez, señaló que la prisión preventiva oficiosa es violatoria a todos los derechos humanos y es una práctica obsoleta en las democracias modernas.
En el mismo sentido se expresó Claudia Ruiz Massieu, del opositor Movimiento Ciudadano (MC), al afirmar que la reforma «no baja la inseguridad, no mejora la justicia ni disminuye la impunidad», y lo que sí hace es violar derechos humanos, principios constitucionales, tratados y convenios internacionales y afecta a los más vulnerables y personas inocentes.
Foto de EFE.
