El Senado aprobó en lo general y particular la polémica reforma constitucional que elimina organismos autónomos y transfiere sus funciones a dependencias del Gobierno mexicano.
La iniciativa de simplificación orgánica, presentada en febrero por el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) e impulsada por la actual presidenta, Claudia Sheinbaum, fue aprobada por 86 votos a favor y 40 en contra.
Ahora el dictamen de reforma se enviará a las legislaturas estatales y de la capital Ciudad de México para su discusión y posible aprobación, previo a su publicación oficial.
El respaldo del Congreso mexicano se da en medio de las advertencias de los propios organismos y organizaciones civiles sobre la importancia de la rendición de cuentas y regulación del Gobierno.
La medida, respaldada por la mayoría oficialista, busca centralizar atribuciones en áreas clave como telecomunicaciones, transparencia, competencia económica y energía, entre otras.
Entre los principales cambios, se incluye la extinción del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
Las facultades de estas entidades serán asumidas por dependencias del Ejecutivo, como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de Economía.
En el sector educativo, se derogan disposiciones relacionadas con el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación. En tanto, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) también desaparecerá, y sus funciones de medición de pobreza y evaluación de programas sociales se trasladarán al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
La reforma también otorga al Ejecutivo facultades exclusivas en materia de regulación técnica y económica del sector energético, eliminando disposiciones relacionadas con órganos reguladores como la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
Adicionalmente, se fortalece la participación del Gobierno en áreas estratégicas como la explotación de litio y la generación eléctrica.
En cuanto a transparencia y protección de datos personales, la nueva normativa establece que los sujetos obligados deberán garantizar estos derechos a través de sus propias unidades de control interno, eliminando la figura de un órgano autónomo dedicado a esta tarea.
En materia de competencia económica, el Ejecutivo será el encargado de investigar y sancionar prácticas monopólicas, así como de regular los mercados de telecomunicaciones y radiodifusión. Las leyes secundarias para implementar estos cambios deberán ser expedidas por el Congreso en un plazo de 180 días.
Los recursos generados por la extinción de estos organismos se destinarán al Fondo de Pensiones para el Bienestar, mientras que los derechos laborales de los trabajadores serán respetados.
La oposición y diversos sectores han cuestionado la reforma por considerar que vulnera la autonomía y el equilibrio de poderes, centralizando excesivamente las decisiones en el Ejecutivo, así como que reduce las obligaciones en transparencia y acceso a la información.
Sin embargo, los promotores de la reforma argumentan que busca eliminar duplicidades, reducir costos y fortalecer la gobernanza pública.
Esta reforma implica modificaciones a 12 artículos de la Constitución y abre un periodo de ajustes legislativos que transformarán el diseño institucional del país.
Foto de EFE.
