Por Jésica Baltazares
Muchas gracias a mis estimados Pepe Hanan y Erick Becerra
por permitirme compartir ahora desde El Heraldo estas líneas semanales
Es cíclico. El problema del transporte público existe a diario, sin embargo, es cada seis años que pareciera todo mundo lo recuerda. Los concesionarios para exigir aumento, la autoridad para voltear a darse cuenta de que concluye un sexenio y ese sector no cumplió ni con la modernización de las unidades, ni con la capacitación a los choferes, ni con… nada. Y, finalmente, el usuario que durante todo el lapso padece, sufre, cada vez que aborda un microbús o una combi. Unidades viejas, sucias, inseguras; conductores groseros, auténticos cafres al volante.
Y ahí viene, otra vez, el consabido incremento. Las falsas promesas y al final, todos se lavan las manos, menos el usuario.
Es justamente quien mantiene a flote el negocio, el pasajero, quien paga todas las consecuencias del mal manejo del transporte público.
Muchos hoy se cuestionan (como cada seis años) ¿Quién está detrás de los transportistas que exigen el aumento? ¿Quién es dueño de una u otra o cientos de concesiones, quién es la mano que mece la cuna?
¿Y? Al final nada pasa. Los concesionarios siguen siendo los mismos. La regularización no llega y el pasajero, insisto, se mantiene como la víctima del entramado, pagando por un pésimo servicio, siendo a diario blanco de la criminalidad, en riesgo permanente ante la poca capacitación de los choferes o bien su indiferencia ante esta.
Lo realmente interesante sería cortar de tajo con la gran, enorme mafia del transporte público.
Y en este marco cobra relevancia lo señalado este lunes por el gobernador electo Alejandro Armenta durante su rueda de prensa; al ser cuestionado sobre el tema enfatizó que “respetamos a los transportistas, queremos trabajar junto con ellos, pero no vamos a trabajar de rodillas, nos nos vamos a arrodillar ante ninguna pretensión que no corresponda a la racionalidad”. Además evidenció hay ex funcionarios de la SMT que se beneficiaron con concesiones, hecho que advirtió, revisarán a fondo.
Que esa sea la tónica de su administración, por el bien de los ciudadanos. Que primero cumplan ellos, los concesionarios, para después analizar un posible incremento.
Datos para cerrar. En Puebla, 38% de las muertes por accidentes obedece justamente a los relacionados al transporte, de acuerdo con cifras del INEGI. Alrededor del 50 por ciento de las unidades del transporte público en la entidad son viejas, algo así como 5 mil 790.
¿Y así quieren aumento?
Nos leemos.
