Por Presidenta del la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana -ATERM- y Magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Puebla
De inicio, se puede decir que la figura de la inclusión se puede entender como aquella política de integrar a todas las personas en la sociedad, con la finalidad de que éstas puedan participar y contribuir en ella y beneficiarse en ese proceso. Por ejemplo, oportunidades de trabajo, de salud, de educación, etcétera.
Ahora, México es uno de los países con mayor riqueza cultural, sustentada originalmente en sus pueblos indígenas; por ello, garantizar los derechos de las comunidades indígenas representa uno de los grandes retos del estado mexicano.
En nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en diversos tratados internacionales firmados por México, se reconocen los derechos de esas comunidades, y se establecen obligaciones para el gobierno, con el objetivo de garantizar mejores condiciones que les permitan disfrutar de esos derechos.
En materia electoral, el reto es mayúsculo, pues los tribunales y los diversos organismos públicos electorales, deben tener como objetivo principal lograr la inclusión de los miembros de los pueblos indígenas en el ejercicio de sus derechos político electorales; por ello, se han desarrollado diversas formas de cuidar y vigilar los derechos de esas comunidades, desde la emisión de sentencias que garanticen esos derechos, así como la creación de diversas tesis y jurisprudencias que aborden dicha problemática.
Es por ello, que existe un mecanismo jurídico que garantiza la protección de los derechos político electorales de los pueblos indígenas, se trata de un recurso a través del cual se puede exigir el cumplimiento de esos derechos: el juicio para la protección de los derechos político electorales o también conocido como juicio de la ciudadanía. A través de éste, se protegen los derechos de votar, ser votado, de libertad de asociación y de votar en las consultas populares.
Desde mi perspectiva, es necesario promover más espacios de participación política para estas comunidades indígenas, con un enfoque más que nada desde el punto de vista de una pluralidad cultural, y no solamente orientado a intereses de partidos políticos, sino también de formas de vida y de culturas distintas.
