Un grupo de exfuncionarios de Estados Unidos, republicanos y demócratas, alertó este sábado en una carta abierta sobre el «abuso del poder» del presidente Donald Trump para «vengarse» de sus críticos después de que este retirara las credenciales de seguridad de dos exfuncionarios.
La carta incluye unas 200 firmas, entre ellas la de Ty Cobb, abogado especial de Trump en su primer mandato, y otros exfuncionarios de Gobiernos republicanos especializados en seguridad nacional, que aluden a dos memorandos ejecutivos de Trump de principios de abril «dirigidos» a personas específicas.
Los memorandos castigaban a Chris Kebs, exlíder de la Agencia de Ciberseguridad, por rechazar que las elecciones de 2020 fueran «robadas», y a Miles Taylor, exjefe de personal del Departamento de Seguridad Nacional, por «diseminar de falsedades» en un libro bajo seudónimo crítico con Trump.
«Estas acciones ejecutivas representan una peligrosa escalada en el abuso del poder presidencial: manipular las agencias federales para ejecutar venganzas personalizadas», dicen los firmantes, que consideran que Trump ataca la libertad de expresión de esos exfuncionarios y le instan a revocar las medidas.
Sostienen que Trump rompe con presidentes de ambos signos políticos que han «evitado incluso la apariencia de irregularidad o influencia», lo vinculan con episodios hoy «vergonzosos» de EE.UU. como la «lista de enemigos» de Richard Nixon y, advierten, va en el «camino de la autocracia, no la democracia».
«Comportamientos de este tipo se esperan más de un miembro déspota de la realeza que del líder electo de una república constitucional», agregan.
Trump, mientras, anunció ayer en su red social Truth Social que pronto emitirá nuevas «regulaciones» para empleados gubernamentales de carrera, para que, «en el caso de rechazar promocionar los intereses de política del presidente o tengan comportamientos corruptos» sean fácilmente despedidos.
Según el presidente, esas regulaciones, que desarrollan una orden ejecutiva previa, permitirán al Gobierno «funcionar como una empresa», pero los expertos advierten que puede desproteger a miles de funcionarios bajo la guisa de unos «intereses de política» que no están claros.
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