La defensa de los derechos humanos es uno de los pilares fundamentales en la protección de los migrantes, refugiados y otras personas en movilidad en América Latina y el Caribe, un aporte clave en el que deben estar implicados los países, con sus instituciones nacionales de derechos humanos como garantes de su cumplimiento, según defendió un congreso internacional inaugurado este martes en Panamá.
El ‘Congreso Internacional sobre Movilidad Humana y Derechos Humanos’ se celebra este martes y miércoles en la capital panameña en el marco de la Asamblea General de la Red de Instituciones Nacionales para la Promoción y Protección de Derechos Humanos del Continente Americano (Rindhca), y cuenta con la asistencia técnica y financiera de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid).
Pedro Callisaya, secretario general de Rindhca y defensor del Pueblo de Bolivia, destacó precisamente en la inauguración del congreso la importante labor de las instituciones nacionales de derechos humanos en los contextos de «extrema vulnerabilidad» a los que se enfrentan los millones de migrantes o refugiados en el continente.
«Tenemos un mandato claro y una responsabilidad ética, profunda, que nos permite justamente, que nos obliga en realidad, a garantizar que los derechos de las personas migrantes, refugiadas, solicitantes de asilos, desplazadas, apátridas sean respetados, protegidos y obviamente se materialicen».
Pedro Callisaya.
Esa labor, dijo, «sin duda está vinculada a prevenir abusos, monitorear situaciones críticas, asesorar a los estados, generar información confiable y brindar orientación a las personas más desprotegidas», porque aunque no reemplazan a los servicios migratorios o a las organizaciones humanitarias, los monitorean.
«Nos constituimos en un contrapeso imprescindible para asegurar que las políticas migratorias estén ancladas, estén fundadas en el derecho internacional de los derechos humanos».
En este sentido, el defensor del Pueblo de Panamá y anfitrión del evento, Eduardo Leblanc, destacó la necesidad de «la protección de la dignidad humana en el contexto de movilidad».
Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en base a estimaciones de las Naciones Unidas, unos 48,3 millones de personas de la región vivían fuera de sus países de nacimiento en 2024, lo que es el 15,9 % de la población migrante en el mundo.
En el caso de Panamá, recordó Leblanc, solo entre 2019 y 2024 más de 1 millón de personas atravesaron la selva del Darién, la frontera natural con Colombia, con el récord de más de 500 mil en 2023, y en lo que va de año, tras un abrupto descenso respecto a años anteriores, han atravesado la jungla 2 mil 904 personas.
«Esta realidad presenta oportunidades, pero también profundos desafíos en materia de protección de los derechos humanos», subrayó el defensor del Pueblo panameño, unas personas que «buscan no solo nuevas oportunidades, sino también la protección ante la violencia, la pobreza extrema, así como en algunos casos los efectos devastadores del cambio climático en su país de origen».
Redoblar esfuerzos
Así Andrés Sánchez, representante regional de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), una de las organizadoras del congreso, pidió en su intervención «redoblar esfuerzos y colaboración para la protección de los derechos humanos de las personas en situación de movilidad».
«Esa magnitud del fenómeno en los últimos años y así mismo las nuevas tendencias en el tema reflejan la necesidad de una respuesta que debe ser decisiva, debe ser coordinada y colectiva basada en los derechos humanos. Para ello es necesario así mismo reforzar la cooperación entre los estados a partir de la responsabilidad compartida y el multilateralismo».
Andrés Sánchez.
Sánchez destacó la «gran preocupación» por la situación de los migrantes en tránsito por América Central, quienes se enfrentan a un alto riesgo de «desaparición, muerte, secuestro o de ser objeto de violencia sexual, trata, robo, intimidación y amenazas por parte de grupos criminales que operan en las rutas migratorias, pero también detenciones arbitrarias, malos tratos, actos de tortura, expulsiones colectivas y violaciones a la prohibición de no devolución».
También el embajador de España en Panamá, Guzmán Palacios, remarcó la importancia de la migración en el desarrollo de los países, una migración que debe realizarse «de una manera ordenada, segura y regular», y pidió no criminalizar al migrante.
«Es un momento crítico de las relaciones a nivel internacional y hay que posicionarse. Hay que ser valientes, hay que alzar la voz (…) Yo creo que no hay que elevar muros, sino tender puentes. Y en este momento tan especial nos corresponde a nosotros trabajar en esa línea».
Guzmán Palacios.
Foto de EFE.
