México está a punto de vivir uno de los episodios más oscuros y determinantes de su historia institucional: en tan solo 15 días, se pretende redefinir la estructura del Poder Judicial de la Federación, no para fortalecerlo, sino para someterlo. Lo que se presenta como un ejercicio de «democracia participativa» en realidad es una maquinaria electoral amañada, construida para legitimar lo que ya está decidido: la colonización del sistema de justicia por parte del poder político en turno.
La forma en que se han perfilado las candidaturas para ministros, magistrados y jueces revela una profunda irresponsabilidad. No hubo filtros serios ni procesos rigurosos de evaluación que garantizaran que los aspirantes sean personas honestas, preparadas y comprometidas con la ley. Cualquiera puede postularse, y eso incluye a quienes tienen antecedentes cuestionables, vínculos oscuros o una lealtad incondicional a intereses ajenos a la justicia. El resultado será la destrucción de la carrera judicial basada en méritos y la imposición de perfiles dóciles, dispuestos a servir al poder y no a la Constitución.
El INE, encargado de organizar esta elección sin precedentes, ha sido dejado a su suerte. Se le han asignado recursos insuficientes para llevar a cabo una jornada con garantías mínimas de legalidad, transparencia y orden. No hay reglas claras, ni tiempos precisos, ni mecanismos confiables para fiscalizar a los candidatos. Se abre de par en par la puerta a la infiltración de la delincuencia, especialmente en territorios donde las estructuras del Estado han sido rebasadas o cooptadas.
El Poder Judicial no es perfecto, pero representa el último dique ante la arbitrariedad. Convertirlo en botín político terminará por derrumbar cualquier esperanza de justicia imparcial en México. Esta reforma no busca empoderar al pueblo, sino someter a los jueces. No se trata de democratizar la justicia, sino de eliminarla como garantía de legalidad y certeza.
Lo más grave es que esta elección —manipulada desde su origen— no es producto del consenso social ni de un diagnóstico técnico, sino una ocurrencia dictada por un individuo que hoy no da la cara, que se esconde del escrutinio público, pero cuyas decisiones siguen marcando el rumbo del país. Un personaje cuya administración fue un rotundo fracaso, que desmanteló instituciones, profundizó la polarización, endeudó al país y debilitó gravemente las capacidades del Estado.
En lugar de corregir el rumbo, el nuevo gobierno está innegablemente dispuesto a seguir obedeciendo las instrucciones del desaparecido caudillo, aunque eso signifique aniquilar la justicia en 15 días.
Esta es una advertencia que no puede ignorarse. Si no levantamos la voz ahora, lo que venga después será solo una simulación de legalidad donde los poderosos siempre tendrán la razón y los ciudadanos no contarán con ninguna defensa.
La justicia no se improvisa. Y mucho menos se elige en una tómbola política disfrazada de elección popular.
*Presidente Nacional del PRI.
