El gobernador de Puebla confirmó que suman 478 expedientes de investigación en los 22 Órganos Internos de Control del estado en 2025 por presuntas responsabilidades por omisiones, incumplimiento y posibles actos de corrupción.
Asimismo, a través del Sistema estatal de Servidores Públicos lleva aplicados 36 sanciones, 2 destituciones, 22 inhabilitados y 1 suspendido, pues, dijo, no hay omisión, pero tampoco persecución ni escarnio.
“Hay autoridad, hay respeto”, puntualizó.
En ese contexto planteó que se planteará la “Ley Antimilpa” con toda la seriedad, para que combata de fondo la corrupción, con un proceso de regulación que establezca desde la Constitución qué se va a sancionar y aplicar la ley a quienes promuevan actos irregulares.
Recalcó que tampoco se trata de hacer negocio con la renegociación de la deuda, al deslindar que no se prestará a diálogo para propuestas indecorosas, como ocurrió con el caso de la constructora Melgarejo Palafox.
Apuntó que algunas obras sujetas a revisión en torno a sus adeudos son el Museo Barroco, el Teleférico y el Centro Integral de Servicios.
Nadie puede permitir que un funcionario público de cualquier nivel incurra en corrupción, el de arriba no se arregla, todos estamos parejos, aseveró.
En torno a la política anticorrupción, recordó que en los años 80 la renovación moral creó una mayor sobre regulación, la que deriva en burocracias ineptas y no permite que los recursos se liberen, si bien, insistió, se busca que donde haya corrupción se va aplicar la ley en sentido estricto, no político.
Las leyes se crean para regular la convivencia y garantizar el funcionamiento de los órganos del Estado, repasó.
