México se enfrenta a uno de los momentos más trascendentes en su historia moderna. El próximo domingo primero de junio llega a su fin el modelo republicano de país que ha venido construyéndose a lo largo de casi 200 años.
Después de agandallar la mayoría calificada en el Congreso, el grupo que ostenta el poder se ha dado vuelo, con esta aplanadora legislativa que le regaló el Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación, ha hecho y deshecho con la constitución lo que ha querido. De entre todas sus malas ideas hay una que destaca: impuso una reforma constitucional al Poder Judicial, al vapor y por consigna que, entre otras cosas, y bajo la apariencia de un ejercicio democrático, hará que los jueces del Poder Judicial de la Federación, incluyendo ministros de la Suprema Corte de Justicia, sean elegidos por voto popular.
A simple vista, esta medida podría parecer un avance hacia una justicia más cercana al pueblo. Sin embargo, la realidad es mucho más alarmante: es un golpe mortal a la independencia judicial, y con ello, el desmantelamiento de facto de la República.
No trato de espantar a nadie, pero deberían estar aterrados todos. México es una república constitucional, lo que significa que el poder está dividido en tres poderes —Ejecutivo, Legislativo y Judicial— con el propósito explícito de evitar la concentración del poder. Cada uno de estos poderes tiene funciones y límites bien definidos.
Si bien es cierto que el poder legislativo había renunciado voluntariamente a su independencia hace muchos años. El poder judicial, aunque presentaba dolencias y padecimientos graves, nunca terminó por someterse, mantuvo independencia, y en muchos momentos logró ser el contrapeso que protegía a los ciudadanos de abusos de autoridad, sin importar si venían del presidente, de los legisladores o de los gobiernos estatales. Gracias al compromiso, preparación y profesionalismo de algunos funcionarios, jueces y magistrados. No más.
Hoy nos tocará entender por las malas que la autonomía del Poder Judicial no es un lujo. Es una condición esencial para garantizar que la justicia no se doblegue ante intereses políticos, partidistas o populares. Los jueces deben resolver con base en la Constitución y la ley, no bajo la presión de encuestas, campañas electorales o propaganda oficial.
Independientemente de lo mal que se está llevando a cabo todo el proceso, el concepto de elegir jueces mediante sufragio parece democrático, pero es una grave amenaza a la justicia en México. En los países con sistemas judiciales sólidos —como Alemania, Francia, Canadá o incluso Estados Unidos— los jueces son seleccionados por méritos, experiencia, conocimientos y trayectoria ética. En México, bajo el nuevo modelo, los jueces han tenido que hacer campaña política para ser electos, y muchos han debido acercarse a buscar el respaldo de partidos, grupos de poder, crimen organizado y todos eventualmente deberán rendir cuentas a los votantes… no a la Constitución.
¿A quién beneficia esto? Sin duda, a quienes tienen el control del Estado y buscan que sea absoluto, eliminando cualquier barrera institucional que les impida imponer su voluntad. En este contexto, el Poder Judicial se convertiría en un órgano subordinado, incapaz de frenar abusos, proteger derechos o garantizar la legalidad.
Y no es que anduviéramos bien,de acuerdo con el Índice de Estado de Derecho elaborado por el World Justice Project (WJP), México ocupa el lugar 116 de 142 países en 2023. Esta posición refleja deficiencias graves en justicia civil, corrupción, impunidad y seguridad jurídica. Ya de por sí, intentar consolidar un sistema judicial eficaz, profesional e independiente estaba cañón. ¿Qué sentido tenía debilitar aún más esta institución esencial?
Según el INEGI, solo el 7% de los delitos en México se denuncian, y de estos, menos del 1% llega a sentencia. En un sistema judicial politizado, esta cifra no hará más que empeorar. Cuando los jueces tengan que pensar en su próxima campaña electoral, su prioridad dejará de ser la justicia y pasará a ser la conveniencia política.
Además, la corrupción se vuelve un riesgo aún mayor. Si los jueces dependen del voto, y por tanto de financiamiento para sus campañas, ¿Quién financiará estas candidaturas? ¿Quién les cobrará favores después? La justicia se subastará al mejor postor.
Pero volvamos al principio, muchos creen que la República es un concepto abstracto, una idea que no tiene consecuencias prácticas. No podrían estar más equivocados. La República, con su sistema de pesos y contrapesos, es la única garantía de que un gobierno no pueda convertirse en tiranía. Con un Poder Judicial sometido al poder político o al vaivén de las mayorías, la puerta queda abierta a decisiones arbitrarias: expropiaciones sin control judicial, persecuciones políticas sin freno legal, reformas constitucionales ilegales, represión disfrazada de legalidad. La justicia no debe someterse a las urnas y la función de un juez no es complacer al pueblo, sino proteger sus derechos, incluso —y sobre todo— cuando eso signifique ir contra las mayorías o contra el poder. Esa es la esencia de una república democrática: la protección de las minorías frente a los excesos de las mayorías. La elección por voto popular rompe esa esencia.
Recordemos que los grandes retrocesos de la historia no comienzan con tanques en las calles, sino con decisiones institucionales que parecen democráticas, pero que erosionan los fundamentos del Estado de Derecho. En Venezuela, por ejemplo, Hugo Chávez impulsó reformas similares para controlar el Tribunal Supremo. El resultado: un poder judicial subordinado, sin capacidad de frenar la concentración del poder, y una democracia destruida desde dentro.
Esta elección no es un tema lejano. A Puebla también le afecta directamente. ¿Qué pasará con los tribunales federales que hoy defienden a ciudadanos poblanos de abusos de autoridad? ¿Qué garantía tendrán los empresarios locales, los trabajadores, las víctimas de delitos federales, los defensores de derechos humanos, si los jueces tienen que pensar en su popularidad antes que en la ley? Además, si esta propuesta se extiende a lo local —como ya se ha insinuado en algunos foros— los tribunales estatales también podrían ser capturados por intereses políticos. La justicia local, ya frágil en muchas regiones del estado, se vería aún más debilitada.
El próximo 1 de junio no celebramos una elección, sentenciamos el futuro de la República misma.
Ahora, lo importante es saber ¿Qué podemos hacer? En este momento que la maquinaria está en marcha toca resistir este embate que impacta nuestra libertad, nuestros derechos y nuestro futuro. En estos días previos a la elección, es urgente que la sociedad civil, las universidades, los medios de comunicación y cada ciudadano comprometido levanten la voz. Esta no es una reforma cualquiera. Es un parteaguas. No podemos permitir que por la vía del voto se destruyan los pilares que sostienen nuestra convivencia democrática. No podemos renunciar a un poder judicial independiente. No podemos aceptar que la justicia se convierta en botín político.
Además, documentemos todo, lo bueno y lo malo, aprendamos de lo que están haciendo y cómo lo están haciendo, unámonos con aquellos organismos de la sociedad civil que de manera pacífica emprenderán la reconstrucción de la república, informémonos, apoyemos sus denuncias, sus señalamientos, los posicionamientos y en su momento las propuestas que podrían cambiar las cosas.
La historia ha demostrado que los regímenes autoritarios, absolutistas, no perduran, en nuestras manos está la reconstrucción de la república, ladrillo a ladrillo, empezando hoy mismo por no renunciar a nuestra voz.
Mientras tanto, el próximo domingo México dejará de ser una República en los hechos, aunque su Constitución siga diciendo lo contrario. Tendremos, como en tantas dictaduras, jueces de papel, incapaces de impartir justicia real.
Y sin justicia, no hay República.
Pero no lo duden: #Reconstruiremos
¡Un abrazo!
Rubén Furlong Martínez
Los leo en X: @RubenFurlongM
