En estos días se vive un proceso poco común, aunque de altísimo impacto: la elección de representantes del Poder Judicial de la Federación. No se trata de elecciones del modo tradicional ni del tipo que aparece en spots o en los debates públicos de los medios. Es un proceso donde se eligen ministros, jueces, magistrados del sistema de justicia. Pero que sea un proceso atípico no lo hace menos relevante. Todo lo contrario: ahí se juega parte de la legitimidad de una de las instituciones que más debe demostrar autonomía, cohesión interna y visión de futuro.
Lo que ocurre con esta elección puede analizarse desde varias ópticas: el debate entre legalidad y legitimidad, la participación como termómetro institucional, y el manejo de la comunicación en un ecosistema viciado por desinformación, páginas anónimas y discursos inducidos. La legalidad está garantizada: hay reglas, árbitros y métodos. Pero ¿la legitimidad? Esa se construye con participación libre, con representatividad real y con procesos de comunicación institucional claros y respetuosos. Y allí comienzan los problemas.
Han aparecido páginas que inducen al voto por planillas completas. Estas levantan suspicacias sobre el tipo de representación que se está buscando construir. Algunas voces señalan que esto contamina el proceso y genera presiones indebidas. En paralelo, el INE ha hecho esfuerzos por explicar el proceso, pero su mensaje no ha sido del todo efectivo: falta penetración en el grueso de la población y sobra ruido digital. Una vez más, se demuestra que no basta con informar: hay que hacer un esfuerzo planeado de comunicar con claridad, empatía y sentido estratégico.
Desde la perspectiva de marketing político, este proceso revela algo fundamental: la narrativa importa. Y en este caso, la narrativa ha sido confusa. La ausencia de vocerías, de mensajes consistentes y de explicaciones sobre la importancia de este proceso debilita la confianza. En lugar de impulsar una narrativa de fortalecimiento institucional, el Poder Judicial siempre ha aparecido como una entidad muy cerrada, difícil de entender, y a veces desconectada de las necesidades de la sociedad.
Y en medio de todo esto, la ciudadanía observa —aunque de lejos— el comportamiento de uno de los tres poderes del Estado. Un poder que debe ser garante de justicia, pero que también necesita legitimidad social. Porque sin ella, la toga pesa menos, y el discurso del derecho pierde fuerza.
Este fin de semana una alta participación puede ayudar a llevar a buen puerto el proceso, la pregunta es: ¿Qué porcentaje de participación le daría legitimidad al mismo?. Una participación baja obligaría a quienes promueven estas elecciones a implementar un ejercicio de comunicación que oriente la opinión pública a favor de los resultados obtenidos y la ausencia de ambas pondría en entredicho el inicio de esta nueva etapa del Poder Judicial. Indudablemente, aunque el voto es secreto, estas elecciones piden legitimidad a gritos.
