Este domingo 1 de junio, México celebrará la mayor simulación electoral de su historia reciente: unas elecciones judiciales diseñadas no para garantizar la independencia de los jueces, magistrados y ministros, sino para convalidar la designación que Morena, desde el Congreso y el Poder Ejecutivo Federal, ya ha hecho de 881 cargos federales, incluyendo a integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados del Tribunal Electoral y de circuito y jueces de distrito. Lejos de representar un ejercicio democrático, se trata de un montaje electoral respaldado por mecanismos de coacción como los infames «acordeones» —listas de candidatos afines— distribuidos de forma masiva por operadores vinculados al partido en el poder.
Esta pantomima no es un hecho aislado: es la culminación de una estrategia planificada que ya está provocando consecuencias graves y duraderas para la democracia, la economía y el futuro de México.
La reforma judicial que dio origen a estas elecciones fue aprobada en septiembre de 2024, en un proceso caracterizado por la falta de apertura y deliberación. Impulsada de manera unilateral por Morena, sin consenso con otras fuerzas políticas ni la sociedad civil, su aprobación exprés cerró cualquier posibilidad de análisis serio sobre su viabilidad, consecuencias y constitucionalidad.
El siguiente paso fue aún más preocupante: la asfixia presupuestal al Instituto Nacional Electoral (INE). Mediante recortes sistemáticos, se le privó de los recursos necesarios para instalar la totalidad de casillas y dotarlas del personal capacitado y del equipo técnico indispensable para garantizar elecciones libres, transparentes y legales. La reducción presupuestal no fue un error; fue una estrategia deliberada para desmantelar los contrapesos institucionales y asegurar un proceso bajo condiciones desfavorables y manipuladas.
A la falta de recursos y transparencia se sumó otro elemento grotesco: el uso de un sistema de tómbola, presuntamente aleatorio, para definir candidaturas. Bajo esta fachada de «sorteo ciudadano», se eligieron perfiles alineados con los intereses del grupo en el poder, muchos de ellos sin la experiencia judicial necesaria, pero con vínculos políticos o personales que los comprometen de antemano.
Así, lejos de garantizar la elección popular de impartidores de justicia, el pueblo mexicano acudirá a votar por un listado ya decidido, blindado y fabricado desde el aparato gubernamental. La independencia judicial, pilar fundamental de cualquier democracia, ha sido canjeada por la subordinación total al grupo en el poder.
La farsa no solo afecta al Estado de derecho: sus efectos ya golpean la economía nacional, lo cual ha llevado a una fuga de inversiones, desplazando capitales a países con mayores garantías de legalidad y certidumbre. Las cifras son contundentes: en lo que va del año, México ha perdido cerca de 500 mil empleos formales.
Estos comicios quedarán registrados como los más fraudulentos de nuestra historia contemporánea. Una jornada que no será recordada como una fiesta democrática, sino como el día en que la voluntad popular fue traicionada y el principio de la separación de poderes fue enterrado bajo la losa de la simulación.
México no asiste a unas elecciones judiciales: presencia la claudicación de la justicia ante el poder político.
