Por Eduardo Vázquez Rossainz
Hablar de conflicto armado interno, se refiere a una crisis de gobierno con violencia derivada de confrontaciones entre grupos violentos o contra el gobierno, la motivación puede ser de índole económica, política, social y territorial, daña infraestructura, afecta población civil y en casos extremos provoca diásporas forzadas. En México, cualquier parecido con la realidad es una verdad que no podemos negar.
Grupos armados combaten entre sí por el control de amplios territorios y desarrollan procesos estratégicos para mantener su capacidad operativa, tienen vinculación política, cadenas logísticas para adquisición de armamento y municiones, base social, capacidad de reclutamiento y adiestramiento de personal, sistema financiero para pago de sueldos, gastos operacionales, combustible y transporte para movilidad, tecnología, servicios médicos y vinculación internacional.
Recuperar el monopolio de la violencia legítima es la única vía para controlar territorio y evitar que individuos o grupos sigan usando métodos violentos, permite que las disputas se resuelvan a través de instituciones en lugar de la violencia individual o grupal, es probablemente la decisión más arriesgada que cualquier gobernante tomará en su carrera política, debo aclarar que en situaciones de crisis, no hay alternativas perfectas, se decide entre inconvenientes, en este caso, o se administra el conflicto, o se opta por neutralizar hasta su extinción a las estructuras criminales con toda la fuerza del Estado.
Para cualquier opción, se requieren altos estándares de análisis, inteligencia civil y militar, operación táctica en campo y certeza jurídica, teniendo como objetivo único el control territorial para devolver al país gobernabilidad y paz social sostenible, sin importar la temporalidad democrática que esto significa.
Para comprender el conflicto armado interno de México, debe analizarse la característica multidimensional de las actividades que las organizaciones hoy narco-terroristas mexicanas realizan con socios globales. México se convirtió en epicentro delictivo y última milla donde se materializan diversas acciones criminales de grupos domésticos e internacionales. Atender el fenómeno requiere de organismos de seguridad estructurados bajo un estricto modelo institucional para definir y ejecutar una estrategia transversal que recupere la reputación de la marca país.
Por definición, los cuerpos de policía mexicanos son imperfectos, transitan de ser una supuesta solución, a formar parte del problema, carecen de mecanismos de autocontención que con la debilidad institucional de origen que les caracteriza, son ventanas abiertas a la influencia política, la infiltración delictiva, corrupción y el desvío de recursos, además la normatividad de la Administración Pública para corregirlos es ineficiente, como ejemplo, la extinta Policía Federal de México que ante la falta de un modelo sólido colapsó desde sus pilares estructurales, cualquier nostalgia para reconstruir desde lo que fué, es una aspiración fallida de origen.
Las fiscalías estatales y federal son muestra de la institucionalización del crimen que ha permeado y opera al amparo de agentes del ministerio público, policias investigadores, peritos y prácticamente todo el espectro de justicia del país sin que exista contrapeso alguno que les contenga generando impunidad.
Las Fuerzas Armadas son estructuras que si bien son vulnerables, la unidad de mando, doctrina y acción que les caracteriza las autocontiene y corrije. Como en varios países ante un conflicto armado interno como el de México, los modelos de seguridad más funcionales son los que operan bajo el rigor de las instituciones militares, el problema es el costo político que pocos están dispuestos a asumir.
EDUARDO VAZQUEZ ROSSAINZ, ES MÉDICO CIRUJANO Y DOCTOR EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA; ESPECIALIZADO EN INTELIGENCIA Y CONTRATERRORISMO, ES PROFESOR EN LA UDLAP DONDE IMPARTE LA MATERIA DE SEGURIDAD NACIONAL EN UN CONTEXTO GLOBAL.
