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El fracaso del experimento judicial

Por Rubén Furlong
3 junio, 2025
En Análisis
El fracaso del experimento judicial

Lo que vivimos el pasado domingo 1 de junio fue una de esas jornadas que, aunque parezcan tranquilas en la superficie, en el fondo dicen mucho. Muchísimo. Con un enorme despilfarro de recursos económicos y humanos nos vendieron la idea de que ese día íbamos a “elegir” a los integrantes del Poder Judicial. Y que esta elección supondría un gran avance democrático, incluso desde una “Mañanera” se afirmó que seríamos el país más democrático del mundo y que el pueblo bueno y sabio por fin cumpliría con ese anhelado sueño de tener voz para decidir quién imparte justicia en México.

Pues todo salió terriblemente mal, al pueblo bueno y sabio le valió un sorbete y simplemente no hizo acto de presencia. Casi nueve de cada diez mexicanos con derecho a votar dijeron: No gracias, esto es una vacilada. Y con eso, se cayó el principal argumento del gobierno para este experimento: que esta elección del Poder Judicial había nacido de una exigencia ciudadana.

Porque seamos claros: si casi el 90% de la población decide no participar, eso no es democracia viva, es un rechazo absoluto y en silencio. Un “no” colectivo que, aunque no se gritó, se escuchó en todo el país.

Pero más allá de eso, este modelo de elección del poder judicial no puede repetirse. No por el trabajo del INE ni de la ciudadanía, sino por la naturaleza misma del experimento. El grupo en el poder aprovechó que tiene la sartén por el mango para forzar al INE a organizar una elección del Poder Judicial que les permitiera pavonearse con la “legitimidad” que les da su gran capacidad de movilización popular. Y aunque ellos diseñaron a su gusto y a su talla gran parte del experimento, en el que ya tenían prácticamente planchados los resultados, no pudieron resistirse a cometer todas las irregularidades que se saben, a inventar nuevas, a violar sus propias reglas, restándole la poca legitimidad que pudiera tener y, peor aún, pusieron en riesgo algo muy delicado: la justicia.

Pero el INE sabe hacer su trabajo y a pesar de los recortes, de las críticas constantes y de las condiciones poco favorables, cumplió. Vamos a ver si el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ahora hace el suyo y atiende debidamente las denuncias.

Pero la sorpresa del día estuvo del lado de la ciudadanía que rechazó totalmente el ejercicio. Con su ausencia parecía reflexionar ¿de verdad creemos que elegir jueces por voto directo —sin información clara, sin debate, sin conocimiento de sus trayectorias— es una buena idea? ¿De verdad se nos hace lógico que alguien decida su voto para un juez como si eligiera al mejor candidato para jefe delegacional o presidente municipal? Suena bien en el discurso del zócalo, pero es una receta para el desastre en la vida real.

Casi el 90% de los ciudadanos con derecho a votar decidieron no hacerlo. Y de los pocos que acudieron a las urnas, un número proporcionalmente muy superior a otras elecciones anuló su voto, y si las proyecciones de votos nulos siguen como van, los jueces podrían terminar siendo votados por menos del 10%. Nuevamente la señal es clara: no hay entusiasmo, ni respaldo, ni siquiera aceptación pasiva.

Lo que debería haber sido un acto de legitimación terminó convertido en una poderosa muestra de rechazo silencioso. Difícil imaginar un escenario más contrario al que se nos había prometido, independientemente de la esperada narrativa triunfalista de Palacio Nacional.

Entonces, ¿qué nos deja todo esto? Primero, que no se puede seguir diciendo que el pueblo acompañó esta elección popular. El bajo nivel de participación en este experimento no puede leerse como desinterés político, sobre todo cuando el régimen con “mayor aceptación de la historia” derrochó tanto tiempo, dinero y esfuerzo en impulsarlo, aquí hay algo más, seguro que hay alarmas encendidas. Yo prefiero pensar que el resultado refleja una ciudadanía que comprendió que este experimento no era una elección real. No se puede hablar de elección democrática cuando el proceso es unilateral, mal planeado y carece de un diagnóstico técnico. No se puede hablar de legitimidad cuando casi nueve de cada diez personas deciden ignorarlo.

Lo segundo que queda claro es lo que muchos —jueces, expertos, abogados, organizaciones de la sociedad civil— ya habían advertido: esta reforma judicial no tenía pies ni cabeza. No hubo diagnóstico, ni consenso, ni una evaluación seria de los perfiles que iban a postularse. No era un esfuerzo por mejorar la justicia, sino un intento de control político, de meter mano en uno de los pocos espacios que aún conservaban algo de autonomía.

Y lo tercero —y quizá lo más preocupante— es que todo esto debilita aún más al sistema judicial mexicano. Que ya bastante golpeado está. Un juez debe ser independiente, con carrera profesional, preparado. No una figura pública que gane popularidad en redes o que se imponga por campaña o que someta su actuar al grupo de poder que lo impulsado. La justicia no puede convertirse en un show electoral.

Previendo este resultado, cada vez más empresas, sobre todo las grandes, están evitando los tribunales mexicanos y llevando sus casos a cortes internacionales, seguramente ahora veremos una escalada. ¿Y quiénes pagan los platos rotos? Las micro, pequeñas y medianas empresas que no tienen ni el dinero, ni el tiempo para buscar justicia afuera. Ellas se quedan aquí, atrapadas en un sistema judicial que puede volverse más lento, más politizado y menos confiable. Sin justicia independiente, no hay inversión. Sin inversión, no hay empleo. Y sin empleo, no hay desarrollo. Es una cadena lógica. Así de simple.

Y ojo: esto no es una pataleta política. No es un berrinche porque “ganaron los otros”. Es una preocupación genuina por el futuro del país. Por el Estado de Derecho. Por las reglas del juego que deben aplicarse para todos y no pueden exentarse de ellas los amigos del poder.

Siempre se podrá argumentar que los responsables de todo este aquelarre estarán felices ya que haiga sido como haiga sido al fin tienen todo el poder, sus candidatos quedaron, eso ya se sabía que sucedería, pero también saben que el costo ha sido muy alto. Sin querer mostraron de qué tamaño es su capacidad real de movilización. Que no todos dentro del ecosistema guinda se sienten identificados con estos arrebatos autoritarios, o que simplemente hay amos e intereses diferentes por los que vale la pena traicionar. Y lo más importante de todo, se encontraron con una ciudadanía que no esperaban, una que comprendió que esta elección no ofrecía ni garantías ni sentido.

Más allá de grandes perdedores o pírricos ganadores este es el momento de corregir el rumbo. No basta con señalar errores; hay que ofrecer alternativas. México necesita una justicia fuerte, transparente y cercana a la gente, pero también necesita que esta justicia esté protegida de los vaivenes políticos. Elegir jueces por voto directo, en un contexto sin información ni debate, solo aumenta el riesgo de que quienes lleguen al cargo respondan a intereses partidistas, criminales o mediáticos, en lugar de responder al bien común.

La verdadera legitimidad del Poder Judicial no se construye en las urnas, sino en la formación, en la trayectoria, en la imparcialidad, en el cumplimiento de la ley. La ciudadanía no necesita elegir jueces: necesita confiar en ellos. Y esa confianza no se gana con propaganda, sino con resultados.

Lo ocurrido el 1 de junio debe servir como un llamado de atención. No para cancelar la participación ciudadana en el sistema judicial, sino para replantearla con seriedad. Es posible —y deseable— mejorar la rendición de cuentas del Poder Judicial, pero sin caer en fórmulas simplistas o populistas. Se trata de encontrar mecanismos que equilibren la transparencia con la autonomía, la participación con la técnica, el control ciudadano con la garantía de justicia.

México tiene una oportunidad para aprender del fracaso de este experimento. Ojalá que quienes impulsaron esta elección con fines políticos sepan escuchar lo que las urnas dijeron sin palabras: que no todo lo que se hace en nombre del pueblo cuenta con su respaldo. Y que gobernar democráticamente implica también saber rectificar.

¡Un abrazo!

Rubén Furlong Martínez

Los leo en X: @RubenFurlongM

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