Estados Unidos atraviesa un nuevo endurecimiento migratorio. Desde el 20 de enero pasado, la administración Trump multiplicó redadas, triplicó las detenciones diarias del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) y alcanzó más de 142 mil deportaciones en apenas 100 días. La meta declarada es un millón de expulsiones anuales, cifra que ya parece plausible tras los 200 mil retornos reportados a finales de mayo.
Paralelamente, Texas reactivó la polémica SB 4, que faculta a cualquier policía estatal a detener y «deportar» a quien no pueda probar su estancia legal, abriendo la puerta al perfilamiento racial y a la criminalización de la migración.
Las protestas masivas en Los Ángeles, California, contra las redadas derivaron en enfrentamientos, detenciones y señalamientos de «insurrección» desde la Casa Blanca. La línea divisoria entre política migratoria y xenofobia se vuelve cada vez más tenue.
Es cierto que la Cancillería mexicana «rechazó» públicamente la SB 4. Sin embargo, ese comunicado resulta poco más que un gesto cuando se le contrasta con el desmantelamiento silencioso de la propia capacidad de defensa consular, prueba de ello es que el Programa de Atención y Protección Consular acumula reducciones cercanas al 24 por ciento desde 2023.
La consecuencia es un sistema consular que reacciona con rapidez mediática, pero carece de abogados, psicólogos y presupuesto suficiente para acompañar e impedir procesos de deportación.
La precariedad consular incrementa la vulnerabilidad de jornaleros agrícolas, empleados domésticos y trabajadores de la construcción, sectores donde las y los mexicanos son mayoría y donde la retórica antiinmigrante propicia explotación laboral y delitos de odio.
Lo que la diplomacia mexicana debería estar haciendo (y no hace) es financiar demandas ante cortes federales de EE. UU., para frenar leyes estatales inconstitucionales como la SB 4; invertir, no recortar, en al menos mil nuevos abogados y trabajadores sociales para la red de 52 consulados; coordinar fondos de defensa legal, refugios temporales y campañas de «conoce tus derechos», así como reemplazar la narrativa reactiva por una ofensiva diplomática que destaque la aportación económica de la población hispana y el costo que tendría para EE. UU., una deportación masiva.
La política exterior no se ejerce con proclamas desde la plancha del Zócalo, sino con oficio, datos y negociación firme. Hoy, mientras Washington acelera expulsiones y algunos estados convierten la xenofobia en ley, México se queda sin voz ni defensa efectiva.
Cada día de inacción consular condena a miles de compatriotas a enfrentar solos un sistema migratorio diseñado para expulsarlos. Urge que el gobierno pase de la retórica indignada a una diplomacia proactiva, que defienda con la misma energía a nuestros migrantes con la que defiende megaproyectos o ideologías domésticas. Porque detrás de cada expediente de deportación hay una familia mexicana que merece algo más que un boletín de prensa: merece un Estado que no la abandone.
Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI.
Foto de EFE
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