La llamada Ley de Ciberseguridad que fue bautizada como «Ley Censura» tiene aspectos positivos, pero al mismo tiempo, negativos para la libertad de expresión.
Es verdad que busca proteger a la niñez y la población en general de diversos delitos digitales que han tenido auge con el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, pero también lo es la ambigüedad de la redacción.
La normativa que ya fue publicada en el Periódico Oficial del estado, y que hoy se discute con varios gremios de la comunicación, modificó varios artículos del Código Penal del Estado y añadió conceptos que no existían.
La intención de esto, según los promoventes, es asegurar que la «libertad se ejerza de manera segura y responsable», por lo que nos preguntamos: ¿en qué momento ejercer el libre albedrío tendría que ser regulado?
Otro aspecto que debe ser tomado en cuenta es que, de estas modificaciones a la ley se excluyó la Inteligencia Artificial (IA) como herramienta para cometer algún delito, a pesar de que su uso para este fin es potencialmente peligroso.
Es por ello que la supuesta protección a la sociedad no contempla muchos aspectos, pero sí integra un concepto denominado «ciberasedio», a pesar de que las plataformas digitales, como las redes sociales, tienen instrumentos para evitarlo, y es aquí donde los argumentos se caen.
La normativa en su artículo 480, el que ha causado por sí mismo revuelo nacional, dice: «comete el delito de ciberasedio quien a través dela utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, redes sociales, correo electrónico o cualquier espacio digital insulte, injurie, ofenda, agravie o veje a otra persona, con la insistencia necesaria para causarle un daño o menoscabo en su integridad física o emocional».
¿Quién decide qué es injuria, ofensa o insulto? Puede ser un ama de casa que cansada de una situación reclame en redes sociales a un funcionario, como al presidente del senado de la República, el morenista Gerardo Fernández Noroña, que humilló con todo el poder del Estado a un ciudadano porque consideró que le causó menoscabo.
Cabe destacar que en enero de este año, el secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, señaló que Puebla sería un laboratorio educativo, nos preguntamos si también lo será para medir el alcance de limitar la libertad de expresión, toda vez que se prevé reformar pronto la Ley federal en materia de telecomunicaciones y radiodifusión.
